Incertidumbres democráticas

Llegó la hora de evaluar con sinceridad el sistema político democrático. Primero para exorcizar las hipocresías de aquellos que callaron para apoyar proyectos autoritarios y, segundo, para clarificar los rumbos de la recuperación institucional después de cierta bulla indianista que se transformó en pretexto para hacer mal las cosas y destruir las posibilidades de una reforma estatal moderna. Evaluar la democracia en Bolivia implica una tarea titánica, no sólo por la cantidad de datos históricos que demanda esta labor, sino también por la naturaleza difícil para caracterizar los logros, deficiencias y debilidades. Bolivia tuvo una travesía muy particular, especialmente desde las históricas elecciones presidenciales del año 2005, cuando la democracia salió a flote, refutando las previsiones fatalistas que rondaban aquel entonces. Contradiciendo las posiciones apocalípticas, se puede afirmar que Bolivia nunca estuvo al borde de una guerra civil, ni tampoco frente a conflictos interétnicos violentos desde la renuncia de Sánchez de Lozada en octubre de 2003.  Al explicar el porqué del péndulo entre la renuncia de Sánchez de Lozada y el advenimiento de Evo Morales, con datos objetivos podemos aseverar que la gobernabilidad democrática permitió la expresión de los movimientos sociales y otras fuerzas de oposición antisistémicas que al conquistar el poder, reprodujeron patrones de comportamiento conservador y por demás desleales con la democracia: polarización que dividió al país entre izquierda y derecha, nacionalización y economía de mercado, políticas sociales y propuestas rentistas improductivas, así como el choque entre la institucionalidad moderna occidental e imaginarios utópicos que no sirven para solucionar problemas complejos, como todas las concepciones indianistas.  La evaluación del sistema democrático tendría que concentrarse en el periodo que va del año 2005 al presente 2011. Las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Evo Morales, también estuvieron acompañadas de las elecciones prefecturales, momento en el cual surgieron con particular influencia las demandas autonómicas. Desde entonces, Bolivia fue sacudida por presiones enraizadas en intensas movilizaciones indígenas, sindicales, corporativas, municipales y cívicas que planteaban un típico debate en torno a dónde reside, finalmente, la “soberanía” de una democracia.  Los conflictos sobre las fuentes de la soberanía representan uno de los ejes en el ejercicio del poder político. Si la “soberanía es el ejercicio de la voluntad general”, entonces cualquier sistema democrático nunca podría separarse de las tensiones generadas por una soberanía popular que es inalienable, y donde el poder puede ser delegado y transmitido a un conjunto de representantes, pero nunca la voluntad del pueblo soberano. Aquí, el poder no permanece como un monopolio de la representación –sea de los partidos o de algunas instituciones democráticas– porque es mucho más determinante la fuerza de la soberanía que radica en la voluntad general. Ésta sólo se representaría a sí misma y, por lo tanto, sería el núcleo de visiones opuestas y múltiples contradicciones de la democracia en Bolivia. El sistema democrático evidencia un enorme deterioro, tanto institucional como ideológico que empeoró los últimos seis años, pues grandes segmentos de la sociedad se decepcionaron con el desempeño de la democracia, especialmente en el campo económico y el alivio a la pobreza. Los conflictos expresan una constante rivalidad entre las visiones de una democracia representativa, que planteaba un tipo de integración sistémica con la economía de mercado y la administración a cargo de los partidos políticos, frente a otras concepciones que defienden la integración política multicultural, con alternativas de decisión sobre la base de instituciones de democracia directa cuyo resultados también son inciertos y probablemente destructivos.