Inmunidad: ¿la cara de la impunidad?

Esta última reforma, consiste en que los congresistas no puedan ser inculpados, procesados, capturados, detenidos o privados de la libertad sin la previa autorización de la Cámara respectiva, salvo "flagrante delito”. Esto quiere decir que si la Corte Suprema de Justicia (CJS), entidad encargada de investigar a los parlamentarios, dicta una orden de captura contra un senador o un representante, ésta no podrá hacerse efectiva. Para ello, la plenaria de Senado o de la Cámara deberá votar por mayoría si levanta o no la inmunidad. Pero además, la propuesta también señala que si la plenaria de la respectiva Cámara decide negar el levantamiento de la inmunidad, el congresista sólo podrá ser procesado y juzgado hasta la terminación de su período o hasta la terminación de su investidura. El debate La discusión al respecto está abierta, hay quienes dicen que revivir esta figura sería retroceder y abrir el paso a la impunidad, algo que no suena para nada descabellado teniendo en cuenta que hasta hace más o menos dos años, el Congreso estaba permeado –al menos en un 35 por ciento– por paramilitares (parapolítica); razón por la cual, actualmente hay decenas de ex congresistas en la cárcel. Sin embargo, Corzo defendió su propuesta de inmunidad parlamentaria argumentando que trata de buscar equilibrio de poderes públicos, y, ante el agravante de que actualmente él mismo está siendo investigado por la CSJ, negó tajantemente que esté buscando algún tipo de beneficio personal: "Me tienen sin cuidado todas la investigaciones en mi contra. No busco beneficio personal…lo que se que busca es la libertad de opinión de los congresistas”. El polémico presidente del Congreso, sostiene que este proyecto no pretende fomentar la impunidad, sino mantener los principios del derecho internacional y las garantías “que todos los parlamentarios en el mundo tienen”. “Lo que buscamos es fortalecer la rama legislativa. Buscamos la inmunidad pero no la impunidad. La inmunidad será levantada en cualquiera de los casos, por ejemplo en que el delito sea flagrante, que las pruebas sean tan contundentes que ameriten que la inmunidad se levante. Hoy tenemos es un Congreso asustado que se declara impedido para pronunciarse sobre cualquier tema”, explicó Corzo. Las voces en contra Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes, considera que los congresistas deben tener inmunidad cuando expresan opiniones en la plenaria sin ningún tipo de restricción. Pero en materia de procesos penales “esto llevaría a que los congresistas se auto juzguen, y el auto juzgamiento podría romper el equilibrio de poderes”. Otro liberal, el senador Juan Fernando Cristo, calificó la propuesta de inconveniente e inoportuna. “La inmunidad parlamentaria fue un tema superado, sería un retroceso y tendría un mensaje de retaliación contra la rama judicial”. Cristo también considera que la reforma es inoportuna porque “no permitirá ahondar el debate de la reforma a la justicia”. Alexander López Maya, senador del Polo y vicepresidente del Senado, dice que los parlamentarios deben garantizar su derecho, como el que tienen todos los ciudadanos, al establecimiento de la doble instancia. Pero otra cosa es que sea pretexto para revivir la inmunidad parlamentaria “Determinar que el Congreso sea el que decida en qué momento se debe abrir un proceso es una forma de auto protegerse y de deslegitimación de la justicia que no se puede permitir….Esto, más allá de inmunidad, es buscar impunidad parlamentaria”, considera López Maya. Sin embargo Corzo ha expresado que "este no es un capricho personal. Muchos me han dado mensajes de que están de acuerdo. Yo no estoy legislando en causa propia. Es una iniciativa en causa general, en una forma superior”, afirmó. Una revisión a la historia La inmunidad parlamentaria fue uno de los más intensos debates de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Allí se decidió levantarla porque impedía que jueces de la República adelantaran procesos penales mientras la respectiva cámara legislativa no diera la autorización, lo cual politizaba el debate. En ese entonces, el ejemplo del debate era el del capo del cartel de Medellín Pablo Escobar, quien, por haber sido parlamentario, no podía ser capturado porque gozaba de esa inmunidad.   Si esta figura no se hubiese eliminado del marco jurídico colombiano, procesos como los del parapolítica probablemente no habrían desembocado en capturas, y el Congreso, gracias a las investigaciones de la justicia, no hubiese adelantado la depuración a la que se vio obligado.