www.diariocritico.com

Los abogados dicen que hay un acuerdo

Chávez rectifica y niega que vaya a nacionalizar a los etarras

Chávez rectifica y niega que vaya a nacionalizar a los etarras

miércoles 06 de diciembre de 2006, 01:38h
Venezuela echa ahora la culpa a los abogados de los etarras que, según había trascendido, iban a ser nacionalizados allí para impedir así su extradición a España. El presidente Hugo Chávez intenta anular así la tormenta diplomática desatada por esta medida. Su Gobierno ha hecho saber al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español que no se va a conceder ninguna indemnización ni tampoco la nacionalidad venezolana
(Diariocrítico/Agencias )   Según indicaron fuentes del departamento de Miguel Angel Moratinos, el Gobierno venezolano "desautoriza los términos del acuerdo" alcanzado por los abogados de los etarras, que asegura se tomaron "sin su conocimiento". En este sentido, ha hecho saber al Gobierno español que "no va a conceder ni indemnización ni la nacionalidad a etarras".

Sin embargo, el abogado venezolano Marino Alvarado ratificó esta  que en junio se firmó un acuerdo amistoso entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela y los abogados de los dos etarras que fueron expulsados en el año 2002, en el que se establecía una indemnización de 1.000 millones de bolívares (350.000 euros) para Sebastián Echániz Alcorta y Juan Victor Galarza y sus familiares, por "daños y perjuicios" por su deportación "ilegal y arbitraria'.

 Se trata de un acuerdo amistoso de ocho páginas, que está firmado por los dos abogados de los etarras y la responsable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, María Auxiliadora Monagas, organismo dependiente del Ministerio de Exteriores encargado de adelantar las negociaciones y acuerdos en casos sometidos al procedimiento de solución amistosa, según explicó Alvarado a Europa Press.

 Asimismo, precisó que este acuerdo se cerró con la citada oficina, "que actuaba con el consentimiento de los altos funcionarios de la Cancillería", y recordó que fue refrendado el 8 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se felicitó por el hecho de que el Estado venezolano hubiese negociado un acuerdo de esas características antes de que el organismo emitiera su sentencia.

 El letrado insistió en que el Ministerio de Exteriores conocía "a la perfección" el contenido de ese acuerdo amistoso y no entiende que ahora pretendan echarse para atrás. Es más, Alvarado asegura que en las últimas horas se ha puesto en contacto con Monagas, la persona que representó a la Cancillería en las negociaciones, quien reconoció la existencia de ese acuerdo y ratificó su validez.

  "No entiendo exactamente qué está pasando, pero me parece que el Gobierno está cediendo ante las presiones que le llegan de Madrid, y eso es inaceptable", indicó el abogado, quien advirtió que en caso de que las autoridades venezolanas decidan ahora incumplir lo pactado en junio, entonces elevarán su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Inaceptable", según Rubalcaba

El presidente Hugo Chávez intenta mantener así  una buena relación con el Gobierno socialista de Zapatero, pero no es la primera vez que le trae de cabeza. Mientras se conocían los detalles y llegaba esta rectificación, el líder del Ejecutivo  español había pedido tiempo hasta conocer "con exactitud" la información sobre los etarras nacionalizados. Pero Rubalcaba ya adelantaba algo de esa posible tormenta: si se confirmaba que Chávez había concedido la nacionalidad a los cuatro etarras, esta decisión sería "inaceptable".

Por su parte, el presidente Zapatero, había pedido tiempo hasta conocer "con exactitud" las informaciones sobre la posible nacionalización por parte de Venezuela de cuatro miembros de la banda terrorista ETA.

  "Hay que esperar por si toda la información fuera exactamente así y si se hubiera producido la consumación de esa adquisición de la nacionalidad", afirmó durante su viaje oficial a Senegal. "Lógicamente, una vez que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenga la información oportuna, se hará la evaluación y la iniciativa o respuesta que corresponda", añadió.

  En este sentido, Zapatero aseguró que el Gobierno está realizando las "gestiones oportunas" para confirmar la indemnización concedida por el Gobierno venezolano a dos etarras extraditados por Caracas a España y la concesión de la nacionalidad venezolana a otros cuatro miembros de la banda terrorista residentes en el país sudamericano.

Por su lado, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró este martes desde Bruselas que, si se confirma que Venezuela ha concedido la nacionalidad a cuatro miembros de ETA para evitar que sean juzgados en España, esta decisión sería "inaceptable" para España.

A continuación, Rubalcaba expresó su opinión personal. "Si esa decisión se hubiera tomado, sería una decisión inaceptable para España", advirtió.

Trinidad Jiménez coincide

También la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, ha coincidido en que el Gobierno español "está comprobando en estos momentos la veracidad" de estos hechos, e insistió, sin querer facilitar más datos al respecto y remitiéndose a las informaciones que el Ministerio de Asuntos Exteriores haga.

El Gobierno español aseguró en la madrugada de este miércoles en no tener constancia de la posible nacionalización de estos presuntos etarras en Venezuela con objeto de evitar su extradición a España, según indicó previamente, en  varias declaraciones, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Fiscalía estudia las causas pendientes  de los cuatro etarras

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está estudiando si los cuatro etarras residentes en Venezuela Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana, a los que el Gobierno venezolano se habría comprometido a conceder la nacionalidad, tienen causas pendientes con la Justicia española. En el caso de existir y de que no hayan prescrito, el Ministerio Público instará a los jueces correspondientes para que inicien los trámites de extradición a España, informaron fuentes fiscales.

   En el mismo caso se encuentran el presunto etarra residente en Venezuela José Arturo Cubillas Fontán, quien trabaja en un organismo del Gobierno de Hugo Chávez. En este caso, la Fiscalía ha ordenado la reapertura de tres procedimientos judiciales que tiene pendientes la Audiencia Nacional para estudiar si ha transcurrido el plazo máximo de prescripción de los delitos que en ellos se le imputan, algunos por asesinato.

   Si de esta investigación se deduce que alguna de las causas contra Cubillas aún sigue viva, según las mismas fuentes, se solicitará del órgano judicial competente que se remita a Fiscalía el procedimiento concreto con el fin de constatar la suficiencia o insuficiencia de los indicios existentes contra el presunto terrorista y actuar, según el resultado obtenido, para conseguir su entrega a España.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
0 comentarios