La policía impidió que un grupo de indignados entregase al Rey, en Palma de Mallorca, un escrito con sus reivindicaciones. Mal servicio a la monarquía y a la convivencia, cuando un reducido número de personas, representativas (más o menos, pero representativas) de un movimiento trata de mantener un contacto con el jefe del Estado, una figura tan popular como Don Juan Carlos de Borbón, y ese contacto se impide. Pensamos que desde la más alta magistratura del Estado hasta el último director general de la Administración deberían tener entre sus obligaciones enterarse de lo que la gente, los ciudadanos, los contribuyentes, los votantes, quieren decirles, siempre que lo hagan con respeto y por los cauces adecuados. Ocurre, no obstante, que no parece que haya demasiados cauces ni para que el Gobierno o las administraciones escuchen a la ciudadanía ni, menos aún, para que el Rey se entere de lo que los españoles, o un grupo de españoles, le quieren decir.
Lea el artículo de Carmen Enríquez sobre la monarquía del futuro
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