Los locales de alterne critican el cierre de los 'sex-shops' en Montera

La Asociación Nacional de Locales de Alterne (ANELA) criticó la intención del Ayuntamiento de Madrid de retirar licencias a 'sex-shops' ubicados en la zona de la calle Montera porque ataca, a su juicio, al principio mismo de "seguridad jurídica". No obstante, esta organización celebró medidas como el cierre de la Casa de Campo con el fin de luchar contra la prostitución callejera. 

El jefe de los servicios jurídicos de ANELA, José Luis Roberto, apuntó que el Consistorio no puede ilegalizar algo que hasta ahora era legal. "Hacer que un establecimiento con licencia pase a no serlo de pronto viola la seguridad jurídica, y, si desde el punto de vista constitucional somos iguales y la prostitución no está penada, no entiendo que pueda hacerse algo así", dijo. Asimismo, apuntó que esta medida, que calificó de "sin criterio y sentido común", supondría que el Consistorio fuese "en contra de sus propios actos, por que es él quien anteriormente ha otorgado las licencias".

"Otra cosa", dijo, "es que haya motivo para quitar una licencia de actividad porque sea un edificio que esté en ruinas, que se dedique a una actividad diferente o que tenga un expediente sancionador por horarios de cierre". "Lo que no puede ser es que de repente se sea más moralista que el Papa y se vaya a expropiar, cuando en TV, o en cualquier kiosco, hay propaganda relacionada con el sexo", añadió.

En cuanto a la lucha contra la prostitución callejera emprendida por el Ayuntamiento en la Casa de Campo o en la calle Montera, ANELA la valora positivamente. "La prostitución debe realizarse en sitios habilitados para ello, son actividades que no deben ejercerse en la calle o en un parque, deben ser normalizadas y reguladas. No puede ser que se use la Casa de Campo o la calle para ejercer una actividad que necesita de unas condiciones determinadas de limpieza y seguridad. No puede ser que sea suficiente con un 'kleenex' y una botella de agua", explicó. Asimismo, consideró que la instalación de cámaras de televisión en la vía pública puede ser una buena opción si cumple con la legislación sobre tratamiento de imágenes, no vulnera la intimidad y carece de carácter coercitivo.