El disparate nacional: reflexiones sobre la reforma de nuestras Administraciones públicas

Ahora resulta que en el seno del propio PSOE se alzan voces en contra de la desaparición, pura y simple, de las Diputaciones Provinciales como apresuradamente propuso el candidato oficial de este partido (o sea, Rubalcaba) en un alarde de improvisación muy en línea con todas las medidas adoptadas en estos últimos años. Bombillas que no han servido para nada, limitaciones de velocidad a los automóviles de vigencia fugaz, desgravaciones en el IRPF absurdas, Plan E para la construcción de boleras, flexibilización del mercado laboral absolutamente insuficiente para crear empleo y otras ocurrencias similares absolutamente ineficaces (eso sí, nos han costado una pasta). El caso es decir o hacer algo, por muy estrambótico que resulte, para dar la impresión de que el Gobierno reacciona ante la creciente crisis y dejar tranquilos a los ciudadanos. Pero hace ya tiempo que los ciudadanos hemos tomado conciencia de que así no se pueden hacer las cosas y que las “ocurrencias” y los gestos a la galería (léase a algunos de los autodenominados “indignados”) han de ser sustituidos por medias serias y meditadas si queremos salir de esta insoportable crisis en la que estamos inmersos. Ni siquiera espero al Consejo de Ministros de mañana viernes, porque las medidas que se van a aprobar sólo  producirán ahorro de unos  5.000 M de euros (“pecata minuta” frente a los 45.000 de Italia) y una de ellas –el adelanto en el pago del Impuesto de Sociedades- resulta ser un mero parche, porque aporta tesorería para el presente a costa de mermarla para el futuro. Total, ninguna reforma de calado que, muy probablemente, no servirá más que para que el BCE no se cabree mucho con nosotros y, con suerte, siga apoyando nuestras emisiones de deuda hasta que se forme nuevo Gobierno tras las elecciones. Pero centrando el asunto en la necesaria reforma de nuestras Administraciones públicas, al menos existe consenso en todos los partidos (con CiU a la cabeza de forma muy sensata) en que tal reforma resulta inevitable para la reducción del gasto público porque, por ahí, se escapa muy buena parte de nuestros dineros. El problema reside en cómo recortar esta Administración “elefantiásica” que tenemos y cuya eficacia –en términos de bienestar social- resulta claramente inoperante, porque todo lo que se dice, hasta el momento, son palabras huecas cuando no simples disparates. Tenemos cuatro niveles de Administraciones públicas territoriales (estatal, autonómico, provincial y municipal) y otro más en el que pueden ser encuadradas las denominadas Administraciones institucionales y las empresas públicas (aunque, en puridad, estas últimas no sean Administraciones públicas). Resulta evidente, por tanto, que cualquier reforma seria del Sector público tiene que afectar a todos estos niveles y no concentrarse en la Administración local ya que, de otro modo, volveríamos a una estructura descompensada y/o redundante como sucede ahora. Por otro lado, y como primera advertencia, hay que tener en cuenta que una reforma de este calado no es trasunto exclusivo del Estado sino, también, de las Comunidades Autónomas a quienes se ha trasferido la competencia sobre su propia organización y buena  de la relativa a las Administraciones locales. O sea, que ni el Gobierno ni las Cortes pueden solucionar, por sí solas, la reestructuración del Sector púbico sin la colaboración de las Comunidades Autónomas. En segundo.término, resulta pertinente recordar que la excesiva proliferación de empresas públicas instrumentales (es decir, que no prestan ni bienes ni servicios de forma directa) es algo que afecta a todas las Administraciones territoriales y que es aquí donde habría que meter a fondo la tijera. Puede que tuvieran razón de ser en su momento, como fue eludir las restricciones marcadas por EUROSTAT o tomar dinero a préstamo de entidades financieras privadas, pero ahora carecen de todo sentido y habría que eliminar casi todas las existentes (por no decir todas) en la medida en que sólo sirven para recompensar a los afines políticos y carecen de trasparencia en sus gastos. Se trata, por consiguiente, de “adelgazar” todo nuestro Sector público, sin detrimento de los servicios esenciales, comenzando por la Administración del Estado (ya está bien de Ministerios y cargos absurdos), pasando por las Comunidades (más de lo mismo) y concluyendo con las Administraciones locales, a todas las cuales les sobran las casi 3.000 empresas púbicas instrumentales que cuelgan de ellas. Y por lo que atañe a las Administraciones locales habría que comenzar por un análisis serio –sin demagogias baratas- de los más de 8.000 municipios que tenemos, imponiendo la fusión de los pequeños (los Villarriba y Villabajo) que no pueden ni prestar los servicios mínimos que contempla la vigente Ley de Bases del Régimen Local. Sólo cuando esta fusión de municipios se hubiese estudiado bien (en términos de viabilidad real) podríamos estar en condiciones de abordar la posibilidad de suprimir alguna Diputación Provincial o adelgazar su estructura al mínimo. Discutir ahora sobre el papel de las Diputaciones Provinciales –sin comenzar por los municipios- es como empezar la casa por el tejado confundiendo a los ciudadanos. O sea, un disparate nacional… José Luis Villar Ezcurra Profesor Titular de Dº Administrativo de la UCM