Rubalaba negocia la reforma constitucional

El candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, dirige ya la negociación para establecer un límite constitucional al déficit y a la deuda, y lo ha hecho para garantizar una suficiente flexibilidad, según fuentes de la dirección del PSOE, que aseguran que Rubalcaba ya se ha puesto a trabajar junto al portavoz parlamentario de los socialistas, José Antonio Alonso, encargado de negociar con su homóloga del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Con esta decisión Rubalcaba quiere garantizar que "la letra pequeña" de esta reforma constitucional permita una flexibilidad suficiente como para que el Gobierno de turno tenga margen de maniobra ante hipotéticas situaciones de emergencia. El candidato del PSOE quiere lograr que esta reforma de la Constitución no suponga recortes sociales y que cualquiera que sea la coyuntura económica están garantizadas las políticas sociales. Rubalcaba también quiere ampliar el consenso en torno a esta reforma al mayor número posible de fuerzas parlamentarias, y que el consenso sea similar al alcanzado al aprobar la Constitución en 1978. Sobre estos datos de la actualidad política vienen pesando, además, el temor a una nueva recesión así como las exigencias del Banco Central Europeo para comprar deuda española, que habrían llevado al presidente del Gobierno a pedir ayuda a los agentes sociales. Se ha sabido que el pasado 17 de agosto, Rodríguez Zapatero convocó a una reunión secreta en La Moncloa a los líderes de la CEOE, Juan Rosell; CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez con una petición concreta: que prolonguen la moderación salarial hasta 2014, año al que se pretende llegar con un déficit del 3% del PIB. En el acuerdo de negociación colectiva que acaba en 2012 se recomienda a los negociadores de convenios esa moderación salarial. La petición del Gobierno tuvo ya el miércoles sus primeros frutos, porque sindicatos y patronal se reunieron para desbloquear la negociación colectiva de 2011 como paso previo a esa prórroga. Parece, de otro lado, que las reclamaciones del BCE para comprar deuda española han inspirado al Gobierno. Se cree que en la misiva que el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, envió a Zapatero hace un par de semanas, había recomendaciones sobre política fiscal y laboral, y que pedía “medidas que incidan en la recuperación de la competitividad a través de una mayor productividad y una moderación en los costes empresariales”. O, sea, contención salarial. El Gobierno reclama que, en la prórroga de la negociación colectiva,  se establezcan como criterios de revisión salarial la inflación prevista y “la evolución de la productividad en cada empresa”. Otras fuentes socialistas señalan que, en dicha carta de Trichet, podría figurar la propuesta de reforma constitucional junto a otras “más duras” y mayor coste social como el endurecimiento de la reforma laboral. En cuanto a las conversaciones entre dirigentes de PSOE y PP para acordar una modificación de la Constitución que fije un límite al déficit público, se tiene noticia que se complicaron el miércoles por “la reclamación de una cierta flexibilidad en el compromiso de déficit por parte del PSOE. Tal flexibilidad chocó con la rigidez de la representación del PP, que encabeza con Soraya Sáenz de Santamaría. “El PP ha venido con un planteamiento de equilibrio puro y duro, de déficit cero”, explicaron los socialistas. La negociación se desarrolla contra reloj, porque debe cerrarse este viernes, para que el Congreso pueda tomar en consideración la reforma el próximo día 30 y aprobarla el 2 de septiembre. La propuesta del PSOE pretende que la Constitución recoja que, en situaciones de crecimiento económico normal, entre el 2% y el 3% en España, el déficit debe ser cero, con posibilidad de superávit si se supera el 3%; pero también con la posibilidad de incurrir en un pequeño déficit si el crecimiento es inferior al 2%. Ese margen de flexibilidad, ese “pequeño déficit“, podría aplicarse en momentos excepcionales, como catástrofes naturales o situación económica muy grave, excepciones que también figuran en la Constitución alemana, la única que hasta el momento recoge un tope al déficit. La vicepresidenta Elena Salgado también recordó que la Constitución alemana fija un déficit tope del 0,35% del PIB. Aunque el de España no tiene por qué ser el mismo, Salgado precisó que el Gobierno negociará con los partidos a partir de unos parámetros cercanos a esa cifra. No obstante, aclaró que las excepciones incluidas en la norma permitirán que el déficit sea mayor. “Lo otro sería atarse de manos y no poder estimular la economía ni atender a los más necesitados en una situación de grave recesión económica como la que estamos viviendo”, dijo. Además del PP, el PSOE está en contacto con CiU y contactará también con el PNV y Coalición Canaria. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha adelantado su “gran reticencia” a la reforma constitucional, porque “privaría a las Administraciones públicas de una herramienta muy útil para afrontar las recesiones económicas”. La reforma de la Constitución alemana determina que “los presupuestos de la Federación y de los Länder [regiones autónomas] deben ser, por regla general, equilibrados, sin ingresos provenientes de créditos”. “La Federación y los Länder podrán prever la posibilidad de regulaciones concretas cuando el desarrollo coyuntural se aparte de la situación normal, tanto en momentos de expansión económica como de recesión, así como una regulación de excepción para casos de catástrofes naturales o situaciones extraordinarias de emergencia que escapen del control del Estado y que graven considerablemente la situación financiera estatal. Cada regulación de excepción deberá prever [una] regulación de amortización”. Sin embargo, las críticas en torno a la reforma se han sucedido en las últimas horas dentro y fuera del PSOE. El diputado del Grupo Socialista por Madrid en el Congreso y ex secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, había anunciado que no tiene intención de volver a repetir en las listas del PSOE en las elecciones legislativas de noviembre a no ser que le hagan una petición expresa que vaya acompañada de un "serio compromiso de rectificación" de algunas de las políticas que ha puesto en marcha el Ejecutivo socialista, y además, ha adelantado que votará en contra de la reforma de la Constitución para incluir un tope de déficit. “Si es para comprometerse con las mal llamadas reformas que se han hecho, no quiero seguir", ha apuntado. También Manuel De la Rocha y José Antonio Pérez Tapias, ambos de Izquierda Socialista, han cuestionado la reforma, así como el ex ministro del PSOE y ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell y el ex presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara. Todos han mostrado su rechazo a la reforma constitucional. Y del mismo modo, tanto el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, como la diputada de UPyD, Rosa Díez, se han manifestado a favor de celebrar un referéndum para su aprobación, aunque para ello tendrán que contar con el respaldo de un 10% de sus compañeros de hemiciclo. No menos conflictivo parece el buscado “apoyo” son los convergentes catalanes”. El diputado de CiU en el Congreso Pere Macias ha anunciado que su partido apoyará la reforma constitucional si "la soberanía sobre el límite de déficit público" recae en el Parlament, y ha lamentado que socialistas y populares hayan pactado en pleno mes de agosto la modificación de la norma, porque no ha dado margen a los otros partidos para negociar.  También critica que el Gobierno tenga fuerza política para hacer una reforma constitucional exprés y, en cambio, , no haya podido aprobar hasta ahora "una verdadera reforma laboral" con amplios apoyos.   Macías se ha mostrado rotundamente a favor de contener el gasto público, pero ha rechazado que esto se quiera "imponer" a través de una reforma constitucional que deje a Cataluña sin posibilidad de decisión. No está resultando fácil esta reforma contra reloj…