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Sin referéndum

martes 30 de agosto de 2011, 11:31h
Es la hora del pragmatismo por encima de ideologías e intereses partidistas, aunque resten únicamente tres meses para las elecciones generales anticipadas. Por supuesto, con un respeto absoluto al estado de derecho y a la letra de la Constitución y aplicando una reforma constitucional sobre la limitación del techo de gasto de las administraciones públicas que debe servir como punto de referencia, y no como distracción, para una revisión general de la España de las autonomías. ¡Por fin! Asistimos a un acuerdo de calado entre el gobierno socialista y el principal partido de la oposición para afrontar la crisis, un momento de trascendental importancia política que abona la recuperación de la confianza de los ciudadanos en su clase política, perdida desde hace demasiados meses por la escasa categoría de quienes no han liderado un gran acuerdo de Estado, fuera por ideología, fuera por mero cálculo electoral. También demuestra lo delicado de la situación para España, como para Italia y otros países de la Eurozona, incluyendo a Francia y a Alemania. No hay tiempo que perder. Ya se han demorado otras reformas, como la laboral, negociación colectiva, etc… en el laberinto interminable de negociaciones infructuosas que han ocasionado pérdida de oportunidades y de credibilidad por su contenido ineficaz y por su dilatada tramitación en un mundo globalizado donde los movimientos de los mercados y de los especuladores se registran en tiempo real aprovechando la esclerosis de los sistemas políticos dependientes de intereses inconfesables más cercanos a las elecciones que a los ciudadanos. Se puede considerar que la reforma del artículo 165 sin referéndum puede introducir preceptos neoliberales para la estabilidad presupuestaria, como dicen los sindicatos y otras organizaciones minoritarias que deberían demostrar su representatividad; se puede protestar por falta de debate y explicaciones con una forma express que no permite la consulta popular; sin embargo nos encontramos ante una realidad incuestionable que exige unidad europea y decisiones políticas inmediatas y operativas. Después de muchos meses de decisiones erráticas y equivocadas por parte de muchos gobiernos de la Eurozona, del “sálvese quien pueda” irresponsable y contraproducente, asistimos a una etapa donde los dirigentes políticos asumen responsabilidades y establecen un marco y unas reglas para afrontar la crisis. Es imprescindible asumirlo, a pesar de sus defectos. Los nuevos parados de agosto son una muestra más de la necesidad de tomar decisiones que vayan en la buena dirección. Si los políticos torpes e irresponsables deben someterse al modelo islandés ante la Justicia, es tema interesante a considerar, pero la deuda no deja margen político para referéndums.
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