La Ley de Comunicación Popular

Una mordaza que pretende castrar la libertad de ideas al sujetarla bajo control y censura del Estado. He leído con cuidado y sin prevención el proyecto de ley de comunicación para el poder popular, que presentan 26.821 venezolanos a la Asamblea Nacional. Se trata, según lo visto, de una iniciativa redactada por un plumífero al servicio de la dictadura, quien luego recolecta las firmas personas muy prevenidas o ahítas de alguna dádiva oficial. Debo decir que la presentación y el articulado del proyecto expresan un agravio inaudito a la dignidad de ese pueblo comunicador en cuyo nombre se esgrime la necesidad de la ley en cuestión. Es alienante, si cabe la expresión manida, propia de marxistas trasnochados. Los elementos formales del proyecto huelgan en su comentario. Pierden peso ante el planteamiento legislativo, que es una suerte de mordaza comunicacional y se suma a los otros precedentes de la dictadura para meter en cintura la prensa libre: la celebérrima Sentencia 1.013 de la Sala Constitucional del TSJ y la Ley Resorte o Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. No obstante lo anterior, cabe decir que toda ley que busque incidir sobre el ejercicio de los derechos humanos -así los derechos a la comunicación e información como manifestaciones de la libertad de pensamiento y expresión - ha de tener carácter orgánico y la iniciativa en cuestión no se muestra como tal. Las leyes relacionadas con los derechos fundamentales y su ejercicio, además, han de ser leyes de garantía. Sólo pueden restringirlos de manera estrechamente limitada y con apego estricto a la justas exigencias del bien común en una democracia. La ley de la comunicación popular es, en propiedad, una ley de medios populares financiados por el Estado; cuyos contenidos quedan sujetos, por obra de la misma ley, a censura. Manifiesta ella, pues, una teleología que corre por caminos contrarios a la esencia de la libertad. Lo que es peor, pretende fundarse en dos antecedentes que no guardan relación ni proporción alguna con la obsesión antiimperialista que le sirve de único motivo, a saber, El Colombiano y el Correo del Orinoco, obras de Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Un primer escollo para la ley propuesta y al que poco caso hacen los cultores de la dictadura es el relativo al Poder Popular, que no prevé nuestro texto constitucional, sujeto a violencia desde su entrada en vigor. Y un falso supuesto sobre el que se construye es el que dice sobre "el pueblo comunicador, como protagonista del proceso revolucionario de cambios sociales y políticos que se desarrollan en el país, y como consecuencia de la hegemonía mediática impuesta por las diferentes formas de dominación imperialista con la complicidad de la oligarquía y la canalla mediática nacional". Cabe preguntarse si acaso el llamado pueblo comunicador ¿es el protagonista de lo único que muestra como resultado la revolución, una vez como su dictador enferma, es decir, una suma de logias antagónicas animadas por el coloniaje ideológico cubano, el dominio militar sobre el mundo civil, la dilapidación grosera de los dineros públicos, o la asociación con el narcoterrorismo colombiano? ¿Cree aquél encontrarse liberado de la verdadera hegemonía mediática que resta en el país, la de los medios propagandísticos del Gobierno, sujetos al dictado del dictador? Una cosa es la aspiración válida de las comunidades y miles de nichos que forman a la sociedad civil, de disponer medios de comunicación alternativos que los expresen en su rica diversidad y diferencias; otra distinta es pagar como precio su homogeneización con propósitos alienantes. El proyecto dispone, en efecto, que "la comunicación transformadora y liberadora e insurgente (opera) a través de la corresponsabilidad entre el Poder Popular y el Estado", de donde se prescribe el registro de los medios alternativos en la Vicepresidencia de la República, ente encargado de financiarlos. El proyecto habla de libertad e independencia, y fija como base para el modelo de comunicación popular las ideas de la "comunicación comunitaria, alternativa, colectiva, universal que valoriza nuestra identidad cultural antihegemónica, antiimperialista y oligárquica". Y lo hace, con cinismo, a la luz de un régimen que medra bajo la dependencia política, ideológica y sanitaria de los comisarios cubanos y se sostiene con los dólares que recibe de la Casa Blanca. Pero incluso así, al adjetivar la libertad de expresión, sujetándola a moldes preestablecidos de carácter político, prosterna la "difusión de ideas políticas, morales, sociales o religiosas" calificándola de propaganda. El proyecto de ley es una mordaza que pretende castrar la libertad de ideas y criterios al sujetarla bajo control y censura del Estado y las asambleas. Es otra bofetada a la democracia. [email protected]