Por fin la ruptura: Constitución frente a democracia

La Constitución española de 1978 acaba de ser modificada en el Congreso de los Diputados por el simple acuerdo mayoritario de dos partidos de implantación territorial amplia, el PP y el PSOE. Han quedado al margen del acuerdo los partidos “forales”, lógicamente minoritarios en representación política. La propuesta se labró sin contar con ellos. No hubo diálogo previo ni consulta antes de formalizar la propuesta por la vía de urgencia. Menos la habrá al conjunto de los ciudadanos en forma de Referéndum. En el  momento de proceder a las votaciones del texto propuesto, unos diputados se han ausentado del hemiciclo y otros,  permanecieron sentados en sus escaños sin votar. El representante del Partido Comunista español, contrariando la política de debate de que hizo gala su predecesor Santiago Carrillo,  se ha opuesto a que fuesen discutidas las enmiendas transaccionales de carácter técnico que auspiciaba uno de los grupos nacionalistas de la cámara. Su labor parlamentaria, imposibilitando el debate, ha sido entorpecedora y favorable al texto dispuesto por PP y PSOE. Esta actuación del Partido Comunista ya no debe sorprendernos. La reforma constitucional que, por vía de urgencia, aprobó la Cámara baja el pasado viernes 2  de septiembre, no contempla otra cuestión que la obligación de limitar el déficit de las administraciones públicas. Es una exigencia europea impuesta a España por el elevado déficit de las cuentas públicas, porque se nos exige un compromiso de responsabilidad económica que lógicamente se quiere empiece por la administración pública en todos sus niveles. Hubiera sido innecesaria esta reforma si la administración del Estado y las autoridades políticas hubiesen iniciado una política de austeridad en el momento en que se detectó el riesgo de recesión mundial, ante la previsible caída del valor del tesoro público y la  consiguiente reducción de las aportaciones ciudadanas a las cuentas fiscales, con la caída del movimiento industrial y comercial desde 2007 o antes. Aún así se contabilizan más de 260.000 millones de euros evadidos a paraísos fiscales y otros 90.000 millones de euros defraudados por los contribuyentes a la Hacienda pública además del gasto militar innecesario que ya ordenaron gobiernos anteriores. La reforma introducida en el texto legal da un margen de 8 años para sanear cuentas, antes de su entrada en vigor. En este especial y grave contexto de necesaria austeridad, ha sorprendido que la alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá, se empeñe en no devolver al Estado la diferencia en más sobre el cálculo real de lo que debía de haber recibido de los tributos percibidos del mismo Estado por su hacienda municipal. Confiesa la debilidad financiera de su municipio y la caída generalizada de la recaudación de tributos. La señora alcaldesa de Valencia no ha hablado para nada de perseguir a los defraudadores. Hay que recordárselo. Ha fallado como ciudadano comprometido y como patriota todo aquel que ha desviado dinero o lo ha hecho opaco. La falta de ética y de conciencia social de algunos ha puesto al Estado ante la picota frente a los socios europeos que invierten dinero público en nuestros bonos para capitalizar la economía pública española. El dinero no se puede malgastar ahora en tapar agujeros financieros, despidos y prejubilaciones para mantener nivel de beneficios, obra pública de conveniencia, y fiestas. Las deudas hay que pagarlas y los intereses, también. Esta reforma no es más que una cláusula de garantía. Nuestras empresas no estaban preparadas para la tormenta económica que se avecinaba. Nadie se  esperaba en 2007 que se produciría una recesión económica tan fuerte además de las estafas financieras y burbujas económicas por la acción sin freno de los  inversores especuladores descubiertas  en las economías capitalistas  del continente americano y Europa. La reacción de los mercados no ha “agradecido”  el esfuerzo de conjunción  de los dos grandes partidos que se reparten el poder en España, con un mejor trato económico a la bolsa y a la prima de riesgo de nuestra deuda pública. El mercado de valores en rojos, la prima de riesgo repuntando hacia arriba, el cierre de empresas y el paro subiendo, son hechos económicos demostrativos de la inutilidad del acto político. La estabilidad presupuestaria como obligación ya existía en  nuestro ordenamiento jurídico. Uno se pregunta entonces por qué tanta prisa de los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, en confundirse bajo un mismo texto pactado excluyendo a los ciudadanos y a los partidos nacionalistas. La grave situación económica de España requiere un acuerdo de todas las fuerzas políticas comprensible para los ciudadanos, no la imposición de unos sobre otros. Romper el discurso de los derechos políticos y sociales es dar un paso hacia la ruptura social sin vuelta atrás. Santiago Carrillo, viejo político comunista, decía, en 1974,  en sus trabajos sobre el posfranquismo que “debe estar claro que el paso de la dictadura a un régimen de libertades políticas no significa automáticamente la liquidación del beneficio capitalista, ni del sistema social capitalista”. Menos se iba a producir al incorporarnos en 1986 al mundo político y económico europeo en el que seguimos. Y es lo que ha ocurrido en España, país en el que constantemente las palabras están lejos de los hechos, pues cada día menos ciudadanos se toman en serio lo que ocurre en el Congreso de los Diputados o lo que dice el gobierno de turno. Da igual que sea progresista o conservador, hoy todo se confunde. La libertad se siente manipulada. En la Declaración del PCE aprobada en 1956 sobre la reconciliación de los españoles y el cambio pacífico, se dice: “nosotros pensamos que la discusión, la polémica, la lucha de ideas…, son las formas que deben utilizarse para dirimir las diferencias políticas e ideológicas.” Hoy desaparece la frontera entre lo que es legal y lo que es ilegal con arreglo a la nueva legislación postfranquista que permite toda clase de interpretaciones. La frontera como diría el mismo Carrillo “se desdibuja”. Es legal el derecho de petición. Pero no lo son las manifestaciones en las calles y los actos de protesta y contestación que no convienen al momento político. Veremos ahora lo que ocurre con los indignados que dicen que los partidos no les representan, los sindicatos obreros que rechazan la reforma. Vuelve con la ruptura el movimiento democrático de masas. Pero sin el Partido Comunista al frente. La conclusión de lo que ha ocurrido es que” la democracia es hoy todavía un ideal más que una realidad”, como diría el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas José Luis Rey. Para nada se han tenido en cuenta las minorías nacionalistas. Ha quedado roto el diálogo. Los partidos estatales no han querido ni oír hablar del derecho a la autodeterminación de Euskal Herria y Catalunya. Ni siquiera han aceptado la posibilidad de proponer una nueva reforma exprés de la Constitución en este sentido. Han roto efectivamente el pacto constitucional de 1978. 30 años han sido suficientes para desdibujar lo que tanto costó lograr. Ahora se impone de nuevo el viejo centralismo frente a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos sociales de 1966. Recordar será necesario a estos políticos de los partidos estatales, una y otra vez, que las Naciones Unidas proclamaron en 1966 y España lo ha ratificado con la Constitución de 1978 que nos presentaron para ser libres, que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, todos los pueblos tienen derecho a disponer libremente de sus riquezas i recursos económicos. Este derecho saben los estados miembros de las Naciones Unidas que debe ser ejercitado y respetado de acuerdo con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Catalunya como pueblo está en su derecho de exigir el respeto democrático del Estado español a su libertad colectiva, una libertad que nos niega el ministro Sr. Blanco afirmando con rotundidad: “En el espíritu de la Constitución no está la autodeterminación ni el concierto económico”. Gregorio Peces Barba lo reitera. Nos manifestaba el sábado 3 de septiembre en unas declaraciones a Informe Semanal  otro rotundo no al derecho de Catalunya a la autodeterminación. Según él no es posible. Tarde nos lo dice. Pero olvida que los derechos de Catalunya y el País Vasco como naciones son anteriores a la Constitución de 1978. La nación no desaparece por Ley, por muy magna que esta sea. Deberían saberlo socialistas y populares que niegan la España plural. Qué poco se han leído estos señores la misma Constitución que reforman “por conveniencia” cuyo texto sienta la sumisión y la interpretación de la Constitución a las Declaraciones  de Derechos Humanos y Tratados Internacionales ratificados por España que forman parte de nuestro derecho interno. Que no nos pongan ahora la Constitución frente a la democracia. Son tiempos de construir una democracia real, adaptada al siglo XXI. Que no nos digan ahora que Catalunya no existe. Que sepan los que no quieren reconocer nuestros derechos que más de un 40% de catalanes están dispuestos a pedir la independencia con el voto. A partir del viernes 2 de septiembre doy por seguro que ha aumentado aún más la cifra de “protestantes” y “contestatarios” del centralismo político español que olvida y pretende silenciar los derechos históricos y políticos de los pueblos que obligadamente coexisten en el territorio del actual Reino de España, entre ellos el catalán.