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Sobre muertes en Bagua

Amnistía Internacional pide investigación exhaustiva

Amnistía Internacional pide investigación exhaustiva

Amnistía Internacional (AI) instó hoy a las autoridades peruanas a llevar a cabo “urgentemente una investigación exhaustiva, imparcial y transparente” del caso Bagua, donde murieron 33 personas, entre policías y nativos, en junio del 2009.
Consideró “un paso histórico” la promulgación de la Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas u Originarios por el presidente Ollanta Humala en la ciudad selvática de Bagua, en la Región Amazonas. A través de una declaración pública, el organismo humanitario pidió que se sancione a los responsables de los excesos durante las protestas en Bagua y el pago de una reparación a todas las víctimas de ese lamentable suceso, conocido como "Baguazo", ocurrido durante el gobierno de Alan García. “Este es un paso histórico largamente esperado no sólo por los pueblos indígenas que estaban reclamando sus derechos en Bagua, sino por todos los pueblos indígenas peruanos, de la sierra, de la costa y de la Amazonía”, subrayó. Amnistía Internacional, con sede en Londres, Inglaterra, recalcó que la promulgación de esta ley, “abre un nuevo capítulo en la relación de los pueblos indígenas con el Estado (peruano) y una oportunidad para terminar con años de discriminación y violación de sus derechos fundamentales”. Señaló que la implementación de la ley de acuerdo a los estándares internacionales y combatir la impunidad, deben ser los próximos pasos fundamentales del gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso. Sostuvo que de esta manera se cerrará verdaderamente el episodio de Bagua y se asegurará que no vuelva a repetirse en el Perú, con lo cual se sentarán los “cimientos de una nueva relación de respeto y valoración de sus pueblos indígenas u originarios”. “Luego de este paso histórico viene la hora de la implementación, que va a requerir recursos, instituciones especializadas con participación indígena y normativa secundaria que la reglamente, entre otras cosas”, anotó. “Cuando esto suceda, es fundamental que las autoridades de los tres poderes del Estado tengan en cuenta todas las obligaciones del Estado, según el derecho internacional de los derechos humanos”, añadió. Las protestas en la selva se iniciaron en abril de 2009 contra unos decretos que los indígenas consideraron lesivos a sus derechos; sin embargo, el gobierno anterior, lejos de optar por el diálogo, dispuso el uso de la fuerza policial, lo que derivó en los actos de violencia, el 5 de junio del 2009, que dejaron 33 muertos. Los nativos pedían al Congreso la derogatoria de la denominada “ley de la selva”, una serie de decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo que permitía realizar actividades extractivas en la Amazonía.
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