Estudiantes en paro por reforma a la educación

El rechazo de los estudiantes a la reforma se sustenta en el hecho de que al permitir la modificación en el origen del capital y de los recursos, las universidades públicas (cuyos costos son relativamente bajos en comparación con los de las instituciones privadas) empezarán a convertirse en organizaciones con ánimo de lucro, lo que dificultará aún más su acceso por parte de las clases bajas (el grueso de la población colombiana), y atentará contra su derecho a la educación. Ante estos argumentos, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, afirmó que "no habrá privatización ni mercantilización de la educación superior". La funcionaria aseguró que por esta vía se busca mejorar la calidad de la educación superior, crear al menos 640 mil cupos para garantizar un mayor acceso, e incrementar los créditos y subsidios especialmente para los jóvenes más pobres. Del mismo modo, el presidente Juan Manuel Santos defendió el proyecto asegurando que "lo único que tiene es cosas positivas", y puntualizó que la reforma significa más recursos (11 billones de pesos en diez años); un aumento considerable de la cobertura (que pasará de 37 a 50 por ciento) y mayor calidad educativa para los egresados de las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos. "Queremos aumentar la cobertura de 37 a 50 por ciento en educación superior. Y queremos también, sobre todo, mejorar la calidad para que esos muchachos y muchachas que salen de las universidades estén mejor preparados para afrontar la vida, para conseguir un trabajo", explicó Santos. Así mismo, el mandatario manifestó que los estudiantes que quieran protestar pueden hacerlo, pero sin dejar de asistir a sus clases y "sin perjudicar a la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren la reforma". Sin embargo, pese a las declaraciones de Campo y del propio Presidente, los estudiantes se resisten a confiar en la palabra del Gobierno Nacional, por lo que algunas instituciones de carácter público y privado, estas últimas en apoyo a las primeras, han decretado un paro nacional y un cese total de sus labores académicas, aunque ya siete universidades oficiales se encuentran sin clase desde hace cerca de un mes. En este sentido, Sergio Fernández, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes, que hace parte de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, aseguró que la protesta en una respuesta a la radicación del proyecto hecha por el Gobierno ante la Comisión Sexta de la Cámara la semana pasada, "los estudiantes de universidades estatales y privadas de todo el país entraremos en paro indefinido de actividades a partir de este miércoles y hasta que el Gobierno retire el proyecto". De acuerdo con Fernández, "entre los estudiantes hay rechazo integral al proyecto, no sólo porque no se tuvo en cuenta ni una sola de las observaciones de los estudiantes, sino porque claramente avanza hacia la privatización de la educación superior". El vocero dijo, además, que al paro y las movilizaciones, que se realizarán partir del miércoles 12 de octubre en las principales ciudades, se sumarán otros sectores, como la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). "En Bogotá habrá varias marchas a la plaza de Bolívar", indicó Fernández. En Boyacá y la Costa, el inicio de la semana estuvo marcada por protestas. En Duitama, 200 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) cerraron el paso de la vía Tunja- Sogamoso, y en Cartagena hubo enfrentamiento con estudiantes que protestaban en la Torre del Reloj. En la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), que es la que lleva más tiempo en paro en el país, los estudiantes manifestaron que se encuentran a la espera de algún pronunciamiento, pues se rumora que las directivas tomarán la decisión de declararlos en vacaciones. El rector de la UTP, Luis Enrique Arango, señaló que desde el consejo superior se les han hecho varios llamados a los estudiantes para que regresen a la normalidad académica, con el fin de evitar la medida de extinción de semestre. "No vamos a cancelar el semestre", dijo. Ante el mes que ya casi cumple de paro la Universidad de Antioquia, la más importante de este departamento, su vicerrector, Martiniano Jaime Contreras, es escéptico sobre las posibilidades de retornar a la normalidad y se lamenta de que al paso del tiempo son más lejanas las posibilidades de salvar el semestre académico. Cada día de inactividad cuesta mil 500 millones de pesos, pero "el costo social y académico es imponderable", según el directivo, pues son 5 mil nuevos profesionales que están por graduarse y no podrían, lo mismo que otros 5 mil alumnos nuevos pendientes de entrar.