Clima

¡Y finalmente entramos al Primer Mundo!; nieve en Buenos Aires.

Más allá de la anécdota divertida para un 9 de julio “extraño”, lo cierto es que el frío intenso de la semana agravó las limitaciones que ya tenemos en cuanto a oferta energética y sus consecuencias sobre la actividad económica y sobre el contexto electoral de Octubre.

Y agrego lo de la cuestión electoral, porque está claro que ese es el “filtro” por el cual pasan todas las decisiones del Gobierno del Presidente Kirchner en este momento. Incluidas, por supuesto, las correspondientes a las soluciones a los problemas energéticos.

En efecto, la decisión de evitar, a toda costa, los cortes de gas y/o electricidad en los hogares y eludir cualquier medida que implique algún tipo de racionamiento o aumento de precios generalizados, se vincula con el objetivo político de minimizar todo lo posible, el eventual “mal humor” de los votantes de clase media urbana, en especial de Capital y Gran Buenos Aires.

Pero las maniobras de corto plazo para restringir la demanda de energía y “que parezca un accidente”, solo con eso, maniobras de corto plazo, para pasar lo más crudo del invierno.

Nada de lo que se está haciendo estos días tiene algo que ver, ni remotamente, con el principio de solución a los problemas derivados de la insuficiente inversión en el sector de la energía. Salvo el hecho de darle, de apoco, la mala noticia a la población y a las empresas de que “tenemos un problema en el sector” y que llevará tiempo arreglarlo.

Me parece, oportuno, entonces, más allá de las especulaciones electorales y la coyuntura sobre la menor actividad económica de las empresas-después vuelvo sobre esto-, repasar las cuestiones que el próximo gobierno, sin dudas, tendrá que enfrentar en materia energética.

En especial, si consideramos, para el caso que finalmente se ratifiquen las encuestas, y Cristina sea la nueva Presidenta, que puede significar “el cambio” o la “profundización del cambio”.

Dos frases claramente contradictorias entre sí, pero utilizadas por Néstor como sinónimos.

Como ya comenté más de una vez, desde el fin de la convertibilidad y con más intensidad a partir del gobierno del presidente Kirchner, se modificó fuertemente el paradigma que dominó el sector energético durante la década del 90.

En efecto, hasta la explosión de la convertibilidad, en el sector predominaban precios alineados con los internacionales en materia de petróleo y gas y contratos y marcos regulatorios relativamente eficientes en el sector de la generación, transporte y distribución de electricidad y gas, con precios que remuneraban operación e inversión y compromisos de servicio por parte de las empresas distribuidoras.

Es cierto que el sector eléctrico, más allá de los problemas derivados de los violentos cambios del 2002, ya requería un replanteo regulatorio, dado que la fuerte caída de los precios de contado en la generación eléctrica paradójicamente por sobreoferta, ante la recesión del 99-2001, dificultaba el surgimiento de contratos de largo plazo entre la distribución (obligada contractualmente a prestar el servicio) y la generación (libre) y, por lo tanto, no había incentivos para que surgiera nueva inversión en generación. También es cierto que la “emergencia” implicaba una renegociación de los contratos, tanto en términos de derechos y obligaciones del Estado y las prestadoras privadas, como de precios, deudas, ajustes, etc.

Pero no es menos cierto que el gobierno del presidente Kirchner, en lugar de encarar una renegociación directa de los contratos y un nuevo marco de precios con las empresas, optó por un camino distinto. Primero, trató de minimizar los “costos del pasado”, intentando que los mismos fueran absorbidos por los acreedores y accionistas de las empresas privadas, mediante renegociaciones de deuda y venta de los paquetes accionarios. Etapa que se cumplió con relativo éxito, salvo los juicios en el CIADI que siguen pendientes, varios de ellos ya con fallos contra el gobierno argentino que tarde o temprano tendrá que pagar. Segundo, “negoció” con los antiguos o con los nuevos accionistas, “de aquí para adelante” un esquema “mixto” de inversión pública, administrada privadamente, y capitalizaciones de deuda, para las expansiones mínimas requeridas; algunos reajustes de tarifas-en especial en el sector industrial- o subsidios para reconocer los nuevos costos operativos; y un esquema de incentivos a la generación de “nueva energía” a “nuevos precios”.

En otras palabras, se reemplazó el anterior marco regulatorio y de precios, por un esquema discrecional, confuso, poco transparente, con senderos de precios postergados y con falta clara de incentivos plenos para la inversión privada en el sector. A lo que se sumó la “intervención” (por darle un nombre) de los entes reguladores del sector. En el caso del petróleo y el gas, además de precios alejados de los internacionales, en especial de los derivados, se sumó el hecho de vencimientos relativamente cercanos de las concesiones de principios de los 90 y el agotamiento de yacimientos, en especial de gas, más por la geología que por la mala voluntad. Lo que implica que, para avanzar en la exploración nueva y en la explotación de lo ya existente se requiere, ahora, recurrir a tecnologías más costosas y a inversiones de mayor riesgo. Inversiones que compiten con alternativas en otros países con entornos menos “inciertos”, o con precios y marcos regulatorios que, en todo caso, compensan la gran incertidumbre con la que trabaja este sector en el mundo, mejor que la Argentina. A lo que hay que agregarle además el traspaso de la propiedad del subsuelo a las provincias y la irrupción de ENARSA en la exploración off shore.

Obviamente, que precios baratos en el sector implicaron, además, un incremento adicional de la demanda y poca vocación para el ahorro.

Como se desprende de esta descripción, el problema del sector energético argentino no es “pasar el invierno” o, en todo caso, no es solo pasar el invierno.

El problema del sector es definir claramente el marco en que se va a desarrollar en los próximos años.

Y allí vuelvo a la “profundización del cambio” o al “cambio dentro del cambio”.

Si se trata de “profundizar el cambio”, el próximo gobierno deberá ratificar un esquema de provisión de energía a través de empresas públicas o semipúblicas, con fondos derivados del Presupuesto oficial, subsidios crecientes y precios diferenciados de los internacionales.

Esto es, ratificar el modelo actual, pero con mayor eficiencia de gestión, más fondos y mayores cambios en la propiedad del capital de las empresas hacia sectores “más amigos” y con “menos oportunidades de inversión fuera de la Argentina”. Es un camino peligroso, altamente dependiente del “azar” y de hecho un modelo ya probado y fracasado, en la Argentina, y en muchas partes del mundo, inclusive en países con ofertas energéticas más amplias que la Argentina. Pero es un camino al fin.

La alternativa, “el cambio dentro del cambio”, es volver al modelo de los 90 (si prefieren, para no herir susceptibilidades, llamémoslo “Pepe”). Encarar nuevos contratos con derechos y obligaciones claras, transparentes y cumplibles, por parte del Estado y de las empresas. Recomponer a los organismos regulatorios. Establecer un sendero creíble de “normalización” de precios, con subsidios limitados a los sectores más débiles de la población. Incentivar contratos de largo plazo entre oferta y demanda energética. Renegociar de manera transparente las concesiones actuales o relicitarlas dentro de la ley.

Pero adoptar este “cambio” no es tan fácil. No solo por lo que implica de verdadero “cambio” para un nuevo gobierno kirchnerista, sino porque requiere recuperar la credibilidad del sector privado internacional y local en las nuevas reglas. Credibilidad que, después de la pérdida de reputación de estos años, no por la “emergencia” y la crisis, sino por lo “no hecho” después, no será fácil. Y es probable que se requieran garantías adicionales a las habituales.

Es decir, en este otro camino, la clave será recomponer el “clima”, pero no el meteorológico, sino el de la inversión.

Este es el otro camino, ya probado exitoso en su momento, aquí y en el mundo. Y ahora, además, con la experiencia de la salida de la convertibilidad como ingrediente importante a sumar a los contratos.

Se necesita, entonces, una clara definición en el sector. Y me parece que los sectores de la producción y el resto de los argentinos algo tenemos que decir al respecto.

Porque cualquiera sea el camino, y vuelvo ahora a los problemas del sector productivo, el mundo de “energía barata disponible” se está terminando. O bien porque se elige el primer camino y nos movemos en un marco de restricciones de oferta importantes por mucho tiempo. O bien porque se elige el segundo camino, y nos movemos con restricciones de oferta en el corto plazo y nuevos precios en el mediano y largo.

Si ese es el contexto que se viene, muchas de las ventajas competitivas derivadas de una oferta energética abundante y barata se habrán terminado. Muchos proyectos de inversión deberán contemplar estas alternativas y muchos costos hundidos peligrarán. De allí la necesidad de mayor protagonismo del sector productivo en sentido amplio, en las decisiones de fondo en el sector.

Insisto, humildemente, vamos hacia un mundo de energía cara y alimentos caros. Cuanto antes lo aceptemos, nos prepararemos y tomemos las decisiones adecuadas, antes podremos enfrentar los problemas macro, micro y sociales derivados. Y antes podremos solucionarlos.