Izquierda Unida ha puesto el dedo en la llaga: hay que racionalizar las festividades tradicionales que, por azares del calendario anual, caen en mitad de semana. En países tan sociológicamente católicos como España se ha hecho, y ninguna autoridad religiosa ha puesto el grito en el Cielo, y ninguna Conferencia Episcopal ha acusado al respectivo gobierno de perseguir a la Iglesia Católica en particular y a la(s) religión(es) en general.
Los ecosocialistas proponen que, salvo el día de Año Nuevo, el Primero de Mayo y Navidad, el resto de fiestas se pasen al lunes siguiente. Parece lógico, además de conveniente. Se ahorran muchísimos trastornos económicos, industriales, de seguridad y hasta personales frente al largo puente festivo de hoy mismo. Si este es un Estado no confesional, pues que se note. Dado que los poderes públicos como tales –lo dice la Constitución—se colocan más allá de una confesión religiosa concreta, lo que les permite garantizar el espacio cívico en el que todas las creencias –y también las increencias—puedan desarrollarse, ejercerse y expresarse libremente, lo razonable es que, al igual que sucede en muchos de los países de nuestro entorno, el calendario festivo se ajuste a las necesidades generales.
Viene a cuento, por tanto, la distinción que Cristo, en un contexto sacralizado como era la sociedad judía de su tiempo, ante una pregunta capciosa de los fariseos, hace: “el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado”. Si según el primero de los libros de la Biblia, el del Génesis, al séptimo día Jehová (Dios) descansó, a ver quien es el guapo, clérigo o laico, que justifica, desde la fe y con sentido común, la proliferación de festividades religiosas que tiñen de rojo los guarismos de nuestros calendarios.
Un sector del socialismo actual defiende la laicidad como marco idóneo para el ejercicio de las libertades ciudadanas. Muchos quieren ver en ello un ataque a la Iglesia Católica. Y eso sólo se puede decir desde la prepotencia secular y desde la mala fe. Éste gobierno, el de ahora mismo, y el partido que le da apoyo parlamentario, incluso pecan de tibieza ante el mandato constitucional (artículo 16, 3) de la no confesionalidad el Estado y, por ende, de todas sus administraciones. Y, por lo visto y comprobado, es algo que se acata, pero no se cumple. Basta con poner el botón de muestra del Jefe del Estado –al que el texto constitucional obliga como a cualquier otro ciudadano—yendo en condición de tal a presentar, en nombre de toda España, ofrendas al apóstol Santiago. Y claro, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, sin intervenir frente a este contradiós constitucional, cuando tanta prisa se da en presentar una lluvia de recursos contra el aprobado y ya vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Si (
No(
