Martín Almada, descubridor de los conocidos en Paraguay como "archivos del terror" del régimen de Alfredo Stroessner, dijo a la prensa de Montevideo que las pruebas que puso a disposición de la justicia "acorralarán al dictador Bordaberry".
La nueva causa contra Bordaberry se promueve por el delito de "atentado a la Constitución", tras ser acusado de disolver las Cámaras del Parlamento, el 27 de junio de 1973, con el apoyo de los militares, que luego lo derrocaron en 1976.
Bordaberry había sido electo presidente el 30 de noviembre de 1971 y asumió el cargo el 1 de marzo de 1972.
La fiscal Ana María Tellechea también pidió a la justicia el procesamiento del ex dictador por los delitos de "coautoría de privación de libertad, homicidios y desapariciones forzadas".
Según fuentes cercanas a la investigación, Almada sumó al expediente una serie de documentos, que deberán certificarse internacionalmente para que tengan validez como prueba ante el Poder Judicial de Uruguay.
Los expertos entienden que dicha legalización demorará entre cuatro y cinco meses.
La documentación aporta pruebas sobre la existencia y forma de funcionamiento del "Plan Cóndor".
Almada dijo que posee otros documentos sobre la desaparición de ciudadanos uruguayos en Paraguay, que amplían las pruebas aportadas y que serán entregados próximamente a la justicia uruguaya.
Otro investigador, Carlos Osorio, responsable de la desclasificación de los documentos del Departamento de Estado de EEUU, prestará en los próximos días también testimonio ante la jueza Gatti.
Bordaberry, de 78 años, y el que fuera su canciller Juan Carlos Blanco fueron procesados el pasado 16 de noviembre y luego encarcelados como coautores del asesinato especialmente agravado de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérez Ruiz, asilados en Buenos Aires, y de dos presos políticos, los guerrilleros "Tupamaros" Rosario Barredo y William Whitelaw.
Bordaberry y Blanco están presos en la Cárcel Central de Montevideo y a la causa que los llevó a prisión se sumarán las del juicio, por otras acciones delictivas, que lleva adelante con pruebas y testigos internacionales la jueza Graciela Gatti.
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