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Encendido debate y polémica: todos los partidos divididos

El Gobierno se queda solo en defensa de 'su' Ley de Memoria Histórica que logra sacar adelante en el Congreso

El Gobierno se queda solo en defensa de 'su' Ley de Memoria Histórica que logra sacar adelante en el Congreso

· Rechazadas en el Pleno las enmiendas a la totalidad de PP y de IU-ERC
· El portavoz 'popular' en el debate, Atencia, tildó la ley de "proyecto hipócrita"
· Los socios parlamentarios, ERC e IU-ICV, muy duros, quieren que se anule

El Gobierno se ha salido con la suya de momento. Porque la polémica Ley de la Memoria Histórica -que está desatando casi tantos enfrentamientos como la reforma del Estatut- superó este mediodía su primer aprueba, la del Congreso. Ya que el Pleno ha rechjazdo las dos enmiendas a la totalidad: del PP, que la cosnsidera "extemporánea e hipócrita" y la de IU y ERC, que coinciden en que se queda muy corta. Los populares volvieron a quedarse solos con sus votos, mientras que BNG, EA y Nafarroa Bai apoyaron la otra.Después de que los grupos dieran su opinión, la vicepresidenta De la Vega defendió el proyecto comentando, solemnemente, que "ni perdonar es el olvido ni perdonar significa eclipsar el recuerdo".

 

El proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura pasó hoy su primer trámite en el Pleno del Congreso al rechazarse la enmienda de totalidad presentada por el PP y los dos textos alternativos de ERC e IU-ICV.

Todos los grupos votaron contra la devolución al Gobierno que planteaba el PP, mientras que los textos alternativos de ERC e IU-ICV fueron rechazados por los dos grupos mayoritarios, junto con CiU y Coalición Canaria-Nueva Canarias, mientras que el PNV optó por abstenerse. Una vez pasado este primer filtro, está previsto que la norma comience a discutirse en ponencia el próximo mes de febrero.

El debate se desarrolló durante más de tres horas en presencia de representantes de asociaciones de Recuperación de la Memoria y del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien a su fin comentó que el resultado de la votación había "estado muy bien". Pero la encargada de defender la ley fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien recalcó que esta norma es un reconocimiento moral a las víctimas y de sus derechos individuales, con el objetivo de "saldar una deuda, la de la injusticia".

Destacó que por "primera vez en la historia reciente", un proyecto "reconoce y declara con carácter general la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal, ocasionadas por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil y la dictadura". Esto, a su juicio, va "un paso más allá" de la anulación de juicios sumarios que piden ERC e IU-ICV porque reconoce esa "injusticia" haya o no "sentencias" y otorga el derecho de las víctimas y de sus familias a una declaración singular pronunciada en nombre del Parlamento.

Reconstruir la historia

En respuesta a las críticas del PP, De la Vega afirmó que el Gobierno "en ningún momento ha pretendido con esta ley reconstruir la Historia ni instituir la Memoria". "Ni los gobiernos ni los parlamentos están para sustituir a los historiadores. Es a ellos a quien corresponde escribir la historia", proclamó.

Dicho esto, subrayó que se trata de una ley "heredera del mejor espíritu de la Transición" y del principio de concordia que condujo hacia una democracia estable y consolidada. "Esta es una ley que, lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia y de manera muy especial con aquellos que se vieron privados del derecho de su memoria, aquellos cuya biografía quedó mutilada durante años", enfatizó.

De la Vega concluyó su discurso recordando que hace unos días el poeta Mario Benedetti dijo a propósito de la muerte de Pinochet que la muerte había ganado a la justicia y pidió el voto a favor del texto del Gobierno para que "al horror de tanta muerte, tanta humillación y tanta represión injusta" no se añada "el oprobio del olvido".

La Transición y la democracia

El 'popular' Manuel Atencia comenzó destacando que el PP "no tiene más pasado ni más herencia que la Transición y la democracia" y tachó la ley de "innecesaria, extemporánea, errónea, hipócrita y falsaria" porque busca "atribuir derechos ficticios" y, aunque "se disfraza como una iniciativa de concordia", es "un torpedo en la línea de flotación del pacto constitucional" que busca el "revisionismo histórico" y la imposición de "una verdad oficial".

Atencia señaló que en la Transición "nadie se vio obligado a reprimir su recuerdo", sino que únicamente se acordó no usar la Historia como "arma política" y acusó a Zapatero de haber cedido a la "presión" de sus socios parlamentarios, "traicionando" su propio discurso de hace siete años y la resolución que la Comisión Constitucional del Congreso aprobó en 2002, dando por zanjado este asunto.

Asimismo, denunció que para ampliar unas ayudas que cuentan con el respaldo del PP no era necesario montar "este lío" y hubiera bastado con aprobar un decreto ley, como se hizo en su día con la Ley de Amnistía, que los 'populares' hicieron leer antes de la votación.

Anular los juicios

ERC e IU-ICV, centraron su intervenciones reclamar la anulación de los juicios sumarios. El republicano, Joan Tardà, dejó patente su "decepción e indignación" por la no inclusión de este punto en la ley, mientras que Joan Herrera, de IU-ICV, insistió en que la restitución moral a las víctimas que ofrece al Gobierno "no es aceptable" y en que los juicios sumarios son "nulos de pleno derecho" porque se produjeron "con violación de los Derechos Humanos".

Tardà, quien evidenció su malestar por que De la Vega no le contestara en su primer turno de réplica, pidió apoyo para su texto alternativo, en el que, entre otras cosas, se establece que corresponde al Rey, quien "juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional", "formalizar en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del alzamiento militar".

Y concluyó con una advertencia a Zapatero: "Debiera desear que dentro de 70 años un nieto suyo pudiera citar esta ley con el mismo orgullo con el que usted citó el testamento político de abuelo fusilado, pero esto sólo será posible si se adecua al derecho internacional de Derechos Humanos", le espetó.

Por su parte, Herrera rechazó el "doble discurso" por el que "lo que vale para Chile no vale para España" así como el "planteamiento equidistante" del proyecto, recordando que la propia Amnistía Internacional lo ha definido como una "ley de punto final". "Uno de los países de Europa que ha sufrido más años de dictadura no se merece esta ley", se quejó y, y por todo ello, ofreció su texto alternativo al Gobierno al que pidió que no apruebe la ley tal y como está porque creará "frustración".

Cambios sutanciales

El debate también sirvió para que CiU y PNV, que hoy facilitaron la tramitación del texto, advirtieran al Gobierno de que si no sufre cambios sustanciales no lo apoyarán en la votación final. El portavoz de CiU Jordi Xuclà se sumó a la petición de "anulación jurídica de los juicios políticos" y anunció que su amplio paquete de enmiendas tendrá como objetivo "buscar la verdad y el perdón".

En la misma línea, el diputado del PNV, Aitor Esteban, avanzó que a su grupo no le "dolerán prendas" en rechazar la ley si no cambia de forma "radical". Aunque advirtió de ciertos riesgos de la anulación por ley de los juicios sumarios, reclamó que se busque un método que permita acceder a esta reparación a quien lo desee, que se puedan conocer los nombres de verdugos y torturadores, y la devolución a Euskadi de sus 'papeles de Salamanca'.

Las formaciones del Grupo Mixto --BNG, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai-- dieron su apoyo a los textos alternativos de ERC e IU-ICV. Mientras EA y Na-Bai, abogaron por encontrar una fórmula para la reparación jurídica, el BNG tachó la norma de "paternalista y moralista" y pidió al Gobierno que "corra algún riesgo" para poder mejorarla durante su tramitación.

En nombre del PSOE, el diputado José Andrés Torres Mora advirtió de que su partido "no da", pero tampoco "recibe lecciones de solidaridad con las víctimas de la dictadura" y que la norma "no es una versión oficial sobre el pasado que pudiera cambiar otra mayoría parlamentaria".

En respuesta al Grupo Popular, Torres Mora subrayó que con la Transición, España "empezó de nuevo, pero no de cero porque por defender la democracia  muchas personas fueron condenadas "a la muerte la indignidad y la represión". También dejó claro al PP que el "único barro" que quieren remover las familias de las víctimas es el que cubre la fosa en la que reposan sus familiares.

  






 

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