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Acusados del homicidio de un ex agente de la DINA sienten nostalgia

Militares uruguayos procesados quieren volver a su país

Militares uruguayos procesados quieren volver a su país

jueves 04 de octubre de 2007, 02:17h
Tres militares uruguayos procesados en Chile por su vinculación con el homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos, pidieron a la justicia chilena que se les permita cumplir en su país el régimen de libertad condicional en que se encuentran.
La solicitud fue hecha por el jubilado coronel del Ejército Tomás Casella e incluye además a los coroneles en servicio activo Wellington Sarli y Eduardo Radaelli.

Casella presentó el miércoles ante la Corte de Apelaciones de Santiago un documento de la embajada uruguaya, en el que su gobierno se compromete a resguardar su arraigo y el de los otros dos militares procesados como presuntos autores de asociación ilícita para secuestrar al ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Eugenio Berríos.

"Tenemos el apoyo del presidente Tabaré Vásquez, del gobierno de nuestro país y nuestro Ejército", dijo Casella a los periodistas al salir de los tribunales. La posibilidad de viajar a Uruguay les fue negada el pasado 23 de septiembre por el juez Alejandro Madrid, que instruye la causa y que les otorgó la libertad provisional en septiembre de 2006.

Consultado sobre si una vez que se concrete su solicitud estaría dispuesto a volver a Chile cada vez que la justicia lo determine, Casella respondió: "Por supuesto, nosotros desde hace quince años estamos a disposición de distintos tribunales de justicia", señaló.

"Lo que solicitamos es estar en nuestro país con nuestras familias y nuestros trabajos", agregó el militar en alusión a la situación de algunos chilenos en situación simular y que a pesar de estar procesados tienen la posibilidad de vivir su libertad condicional en sus hogares.

Casella argumentó que desde hace más de un año él y sus compañeros no han sido interrogados ni requeridos por el tribunal y que han estado totalmente aislados, indocumentados y sin poder siquiera sacar licencia de conducir.

Los tres uruguayos fueron extraditados en abril de 2006 desde su país a Chile, donde el juez Madrid los procesó como presuntos autores de asociación ilícita para secuestrar en 1991 a Berríos, quien fue químico de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Berríos, a quien se atribuye la fabricación de gas sarín y otras sustancias químicas que la dictadura utilizó para asesinar opositores, fue sacado de Chile en 1991 en un operativo conjunto de militares de ambos países para evitar que declarara en el proceso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.

Berríos fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de su paradero hasta abril de 1995, cuando se encontró su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, en una playa.

Como presuntos autores materiales del secuestro y homicidio están también procesados los ex mayores del Ejército chileno Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa.

Enjuiciados, por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno
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