La reforma eleva las faltas a delitos en casos concretos de exceso de velocidad (conducir a más de 200 kilómetros por hora en autovía y a más de 180 en carretera y 110 en vía urbana) y por consumo de alcohol (más de 1,2 gramos de alcohol en sangre). Igualmente, se considerará un delito penal conducir un vehículo habiendo perdido todos los puntos del carnet o sin haber tenido nunca un permiso, supuestos que se castigarán con medidas de tres a seis meses de cárcel.
Además, la reforma prevé penas de prisión de seis meses a dos años para el conductor que "con temeridad manifiesta" ponga en peligro la vida o la integridad de las personas, y la pena será de dos a cinco años de cárcel si el conductor actúa de esa forma "con consciente desprecio por la vida de los demás". Por otra parte, la norma delegará competencias a los jefes provinciales de tráfico en materia sancionadora, así como al recién creado Centro automatizado de Sanciones, con el fin de agilizar y dar un tratamiento homogéneo a las multas.
Voto en contra del PP
El PP votó en contra por considerar excesivo el límite establecido de alcohol en sangre, respecto a la media de la Unión Europea, así como los límites a la velocidad, al entender que las señales de tráfico de las carreteras españolas deben actualizarse y no se corresponden con la situación de la vía. Su portavoz en la materia, Federico Souvirón señaló que la reforma no atiende las circunstancias que puedan concurrir en cada caso y "dejará fuera a conductores que aún circulando por debajo de la velocidad permitida lo haga de manera temeraria".
Para ilustrar su razonamiento, el diputado preguntó a la cámara si es lo mismo "circular a 110 en proximidad de un colegio que por una travesía deshabitada de madrugada", o bien, "circular por una carretera interurbana de primera generación que en autovía de última generación".
Por otra parte, censuró el hecho de que se pueda tipificar una conducta "sin más pruebas que una foto de rádar" y advirtió de que puede conculcar el "derecho a no declarar contra sí mismo". La diputada del PNV Margarita Uría, por su lado, calificó la reforma de "precipitada" y "sin datos que justifiquen las medidas". Además, avisó que el proyecto no cuenta con informes de la Fiscalía ni del Consejo General del Poder Judicial.
En la misma línea, Isaura Navarro (IU-ICV) censuró la "tramitación acelerada" de la norma y se mostró más partidaria de medidas para favorecer la eficacia del carnet por puntos, como la eliminación "urgente" de los puntos negros, mejorar las infraestructuras y la señalización, incorporar limitadores de velocidad en los vehículos y en todo caso, vincular la penalización del exceso de velocidad al peligro generado.
Si (
No(
