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PSOE critica la "falta de voluntad política" del Gobierno regional

El PP paraliza el desarrollo de la Ley de Dependencia

El PP paraliza el desarrollo de la Ley de Dependencia

La iniciativa para desarrollar la Ley de Dependencia en Madrid ha sido rechazada con los votos en contra del PP.
  El Pleno de la Asamblea de Madrid rechazó este viernes, con los votos en contra del PP, una Proposición No de Ley (PNL) del Partido Socialista con la que insta al Gobierno regional a aprobar antes de un mes "un Decreto que regule el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la región".

   La portavoz en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales del grupo Socialista, Pilar Sánchez Acera, señaló en el Pleno que, a día de hoy, alrededor de 23.000 ciudadanos están viendo vulnerado su derecho a recibir las ayudas de la Ley de Dependencia a causa de la "falta de voluntad política" del Gobierno regional a la hora de poner en marcha la Ley, que entró en vigor el pasado 14 de diciembre.

   En opinión de Sánchez Acera, el Gobierno de la Comunidad "falta a la verdad" cuando afirma que hay equipos de valoración suficientes y cuando acusa al Ejecutivo central de no financiar la iniciativa. En este sentido, Sánchez Acera aseguró que el Gobierno de España "ya ha cumplido con la Comunidad de Madrid en el tema financiero".

   Asimismo, la portavoz socialista afirmó que "lo importante es que en un mes se lleven a cabo medidas urgentes, aplicaciones de la Ley de Dependencia y una valoración" de las personas en situación de Dependencia. Además, destacó que con esta iniciativa se insta a la Comunidad a que publique una orden que especifique las prestaciones por dependencia, y que el Consejo de Gobierno apruebe otro acuerdo para la distribución de créditos a los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, de forma que la Comunidad financie el 100% de los costes de personal, equipamiento e infraestructuras municipales.

   El texto también propone a la creación de un 'Plan Integral de Zonificación' con diez equipos multidisciplinares nuevos, para la valoración de la dependencia, y aumentar el número de plazas residenciales y centros de día. Asimismo, el escrito propone que la Comunidad asuma el coste íntegro de los servicios de ayuda a domicilio y tele-asistencia, que actualmente prestan los ayuntamientos a los grandes dependientes o la puesta en marcha de un Plan de Coordinación eficaz y realista entre los Sistemas Públicos de Salud y Servicios Sociales.

   Por último, Sánchez Acera señaló que esta ley "ha creado un nuevo derecho de ciudadanía" y resaltó que la Comunidad de Madrid "no puede quedarse atrás". "Es un hito para este país, una apuesta por los que más lo necesitan y sus familias y es algo a los que el Gobierno de Madrid no puede negarse", añadió.

Atención gratuita

   Por su parte, la portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de Izquierda Unida, Pepa Amat, afirmó que "la aprobación de la Ley de Dependencia supone tomar conciencia del grave problema que afecta a un gran número de personas en nuestro país", pero apuntó que también es importante velar por las personas que cuidan a los afectados.

   En este sentido, Amat criticó la dotación financiera para afectados y cuidadores y pidió agilizar los procesos administrativos. Para IU, el desarrollo de la nueva Ley debe incluir unidades de valoración y no medir de manera exclusiva la vida sanitaria de los afectados, sino que debe permitirse el acceso de los dependientes a su vida social, familiar y a la cultura.

   IU se abstuvo en la votación. En la sesión de este viernes presentó cinco enmiendas que contemplaban la gratuidad de las prestaciones de los servicios sociales a través de un Plan Integral de Zonificación, la elaboración de un Acuerdo de Gobierno de la Comunidad, que facilite los créditos a las Mancomunidades o la puesta en marcha de un Programa Individual de Atención a los dependientes.

   Por último, el portavoz popular de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, señaló que su Grupo "está de acuerdo con la Ley, porque genera un derecho", pero aseguró que "falta financiación para crear un sistema nuevo" ya que el Estado pone poco dinero.
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