La Sanidad española se ahorrará 2.000 millones al imponer el uso de genéricos en todas las prescripciones médicas

Se acabaron, al menos obligatoriamente, las grandes marcas. Por ejemplo, se acabó la aspirina. No es que no existan, no es que no las haya en las farmacias, no es que no se puedan pedir, no. Pero su uso ya no lo va a financiar la Seguridad Social. Porque desde este mes de noviembre, los médicos de la Sanidad pública española tienen prohibido recetar marcas y deben limitarse a escribir el principio activo. Por ejemplo, ácido acetilsalicílico, en vez de aspirina. Y es que eso va a suponer un ahorro al erario público de 2.000 millones al año.

Porque, como se sabe, el genérico es más barato que el medicamento con 'nombre y apellido' y, además, pese a algunas creencias populares, sus principios activos, la manera de actuar sobre la enfermedad, son los mismos. Los genéricos tienen la misma composición y se administran por las mismas vías.  La ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha recordado a las comunidades autónomas que el ahorro derivado del decreto para la prescripción de medicamentos por principio activo, que ha entrado en vigor este mes de noviembre, es para «pagar a las farmacias y a los proveedores, y garantizar las prestaciones».

De modo que la nueva normativa establece que en la oficina de farmacia se deberá dispensar un medicamento de los que estén a menor precio dentro de los que contengan el mismo principio activo que el prescrito, la misma dosificación y la misma vía de administración. No obstante, el médico siempre podrá prescribir al paciente el medicamento que considere más apropiado, tenga el precio que tenga, siempre que exista una necesidad terapéutica justificada.

Algunas excepciones

Por su parte y al respecto, la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado que en las recetas oficiales en formato papel el médico consigne la anotación de «necesidad terapéutica» avalada con su firma, lo que posibilitará, en cualquier oficina de farmacia del Estado, la dispensación del medicamento prescrito. Aunque habrá excepciones en las que el médico prescriba un medicamento que sea más caro que sus iguales (de la misma agrupación homogénea) y no justifique su necesidad terapéutica, el farmacéutico estará obligado a sustituirlo por otro medicamento con el mismo principio activo, misma dosis y misma vía de administración.

De su lado, el Ministerio de Sanidad sostiene que tras anunciar la medida de regular la prescripción por principio activo, la industria farmacéutica ha optado en la inmensa mayoría de los medicamentos por bajar sus precios para igualarse al precio menor, de modo que a pesar de la nueva normativa no será necesario cambiar el medicamento que los pacientes están tomando. En principio se estima que l ahorro público será superior a los 2.000millones de euros.