Bruselas adopta nuevas normas sobre las ayudas estatales para los servicios de interés general

Según la Comisión, el nuevo paquete aclara los principios clave sobre ayudas estatales e introduce un planteamiento diversificado y proporcionado con normas más sencillas para estos servicios que son de dimensiones reducidas, se limitan al ámbito local o persiguen fines sociales, al tiempo que se tienen más en cuenta las exigencias de la competencia en los casos de mayor tamaño.

"La obligación de la Comisión es, por supuesto, garantizar que las empresas a las que se encomiendan servicios de interés general no obtienen compensaciones excesivas, lo que salvaguarda la competencia y el empleo, y garantiza un uso eficaz de los escasos recursos públicos", señaló Almunia.

Las nuevas normas, que sustituyen al denominado «paquete Monti-Kroes» de julio de 2005, aclaran conceptos básicos como «actividad económica» para facilitar la aplicación de las normas tanto por parte de las administraciones nacionales como de las regionales y las locales.

Todos los servicios sociales quedan exentos de la obligación de notificación a la Comisión, independientemente del importe de la compensación recibida. Los servicios en cuestión deben responder a las necesidades sociales en salud y asistencia a largo plazo, cuidado de los niños, acceso y reinserción profesional en el mercado laboral, vivienda social y asistencia a los colectivos vulnerables y su inclusión social. Anteriormente, solo estaban exentos los hospitales y la vivienda social. Otros los servicios de interés económico general (SIEG) están exentos, a condición de que el importe de la ayuda estatal sea inferior a 15 millones euro al año.

La Comisión también propone establecer para todos los demás servicios una compensación mínima, por debajo de la cual la medida se considere carente de ayuda, siendo el importe mínimo en 500.000 EUR por trienio, lo que reducirá los trámites burocráticos para los servicios de menor tamaño.

Por otra parte, en el futuro habrá un mayor control de otros SIEG con compensaciones superiores a los 15 millones euros anuales, cuyo potencial de distorsión de la competencia en el mercado único es superior. Siempre que sea posible, los SIEG deben atribuirse mediante licitación pública, abierta y transparente para garantizar la mejor calidad al menor coste para los contribuyentes, que son quienes pagan los servicios.

Las nuevas normas introducen, en particular, una metodología más precisa para determinar el importe de la compensación, la obligación de los Estados miembros de introducir incentivos de eficiencia en los mecanismos de compensación y la obligación de cumplir las normas de la UE en materia de contratación pública y de igualdad de trato entre los prestadores de un mismo servicio al determinar la compensación. Además, la Comisión podrá requerir a los Estados miembros la adopción de medidas que reduzcan los efectos anticompetitivos de determinadas compensaciones con un potencial particularmente acusado de falseamiento de la competencia en el mercado interior.

En la primavera de 2012 se espera adoptar, tras una ronda final de consultas, una nueva propuesta de Reglamento de minimis, por la que las compensaciones inferiores a un determinado umbral estarán excluidas del ámbito de control de las ayudas estatales.