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El yerno del Rey, imputado

Urdangarín: éstos son los cargos a los que se enfrentará en febrero el duque de Palma

Urdangarín: éstos son los cargos a los que se enfrentará en febrero el duque de Palma

> Se le juzga por los fondos públicos que recibió de Valencia y Baleares y su tratamiento fiscal

jueves 29 de diciembre de 2011, 12:53h
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, interrogará al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por todos los hechos que guarden relación con "cualquier forma negocial" en virtud de la cual haya sido "perceptor de fondos públicos", tanto en el ámbito de la comunidad autónoma balear, como la de Valencia, así como por el "destino y tratamiento fiscal" que les hubiera dado.

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   Así consta en el auto dictado por el juez en el que imputa al marido de la infanta Cristina, a su socio, Diego Torres; y a otras siete personas en la causa en la que investiga los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

En la resolución, el juez Castro señala que el Duque de Palma debe dar cuenta de "cualquier forma negocial" que llevara a cabo como persona física o jurídica y en su condición de "representante, partícipe o vinculado".

Imputación

La notificación se le está enviando por fax a Urdangarín, si bien el aparato comunica permanentemente, han informado fuentes judiciales; ya se le ha entregado sin embargo a su abogado, Pascual Vives.

En un auto dictado este jueves por el juzgado, se levanta el secreto sobre el sumario impuesto el pasado mes de agosto sobre la pieza número 25 del caso 'Palma Arena', en el que está implicado el yerno del Rey. Además de Iñaki Urdangarín, por este auto queda citado a declarar también como imputado Diego Torres, socio del Duque de Palma en el Instituto Nóos, así como Ana M. Tejeiro Losada, Marco Antonio Tejeiro Losada, Miguel Tejeiro Losada y Salvador Trinxet Llorca. Todos ellos deberán acudir al juzgado de Palma el día 5 de enero a partir de las 9,30 horas.

También como imputados declararán el día 25 de enero José Luis Ballester Tuliesa, Gonzalo Bernal García y Juan Carlos Alía Pino, a las 9, 10,30 y 12,30 horas.

La Casa del Rey, cauta

La Casa del Rey manifiesta su "absoluto respeto a las decisiones judiciales" tras conocerse la noticia. Un portavoz de Zarzuela ha indicado que cualquier otra valoración, ha añadido, corresponde hacerla al abogado del duque de Palma.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos. En la resolución, en la que acuerda levantar el secreto del sumario que había decretado el 4 de agosto pasado, el juez Castro señala que el Duque de Palma debe dar cuenta de las actividades que haya llevado a cabo como persona física o en su condición de "representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas", así como la relación de personas que "han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos".

Obligado a declarar

El juez recuerda al Duque de Palma que, si no compareciera ni justificara "causa legítima" para no acudir a la declaración judicial, la orden de comparecencia podría convertirse en "una orden de detención". También indica que, al no constar "domicilio propio en España" del imputado, se ha visto obligado a notificar esta resolución mediante "diligencia telefónica" al abogado Mario Pascual Vives, del que ha sabido que había asumido su representación letrada "a través de los medios" de comunicación.

De esta forma, el convocado podrá "personarse en la causa, recibir copia de todo lo actuado en ella y disponer del tiempo necesario para su estudio". También le recuerda que, tal y como contempla la legislación, podrá "declarar cuantas veces quisiere", de forma que le podría tomar declaración "inmediatamente" en función de "la disponibilidad de este Juzgado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas"

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 también señala que, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la imputación judicial debe ser "puesta inmediatamente en conocimiento del presunto implicado", en este caso no ha podido "cumplirse totalmente" porque se habría frustrado la investigación sobre los hechos que indiciariamente merecen "reproche penal".

La investigación sobre el Instituto Nóos, que constituye una pieza separada del 'caso Palma Arena', saltó a la luz después de que el pasado 7 de noviembre el juez Castro autorizara el registro de la sede de la institución, en Barcelona, y de varias sociedades mercantiles vinculadas al marido de la infanta Cristina y su socio, Diego Torres. En total, se recogieron un total de 15 archivadores.

Apoderamiento de fondos
Las pesquisas parten de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarin y su socio desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos. Para ello, fijaron precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3 millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

En un auto, el juez Castro sostenía que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el 'caso Palma Arena'.

La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según la acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".

En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. La resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".




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- Lea de forma íntegra el auto de imputación a Urdangarín (pdf)
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