La Comisión Europea llevará a los jefes de Estado y de Gobierno ante los tribunales por 'congelar' a los eurofuncionarios

El Ejecutivo comunitario argumenta que la subida que propone se basa en la normativa comunitaria que fija el cálculo de la evolución salarial de los funcionarios de la UE en función de los cambios en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos de España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

   El resultado este año es una pérdida de poder adquisitivo del 1,8% y, debido a la elevada inflación en Bélgica, el resultado para los que trabajan en la capital europea es de un incremento salarial del 1,7%.

   En noviembre pasado, los países de la UE pidieron a la Comisión que suspendiera la aplicación de este método atendiendo a la fuerte crisis económica, pero el Ejecutivo comunitario considera que no se dan las condiciones para activar esta cláusula de suspensión.

   "La Comisión propuso al Consejo, en estricto respeto de la ley que esta pérdida (de poder adquisitivo) fuera aplicada por igual a los funcionarios europeos", ha explicado Bruselas en un comunicado en el que anuncia que ha decidido elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (UE).

   El Ejecutivo comunitario, además, recuerda que no es la primera vez que acude a los tribunales por la oposición de los Veintisiete a los ajustes salariales que propone para los trabajadores públicos de la UE. El reglamento sobre el funcionariado "no deja al Consejo ningún margen de apreciación y debe, por tanto, adoptar el valor del ajuste calculado por la Comisión", asegura Bruselas mencionando un fallo del TUE de noviembre de 2010.

   El vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Relaciones Institucionales, Maros Sefcovic, ha asegurado que el Consejo y la Comisión coinciden en "la necesidad de ahorrar en gasto administrativo", pero ha dejado claro que "tales ahorros deben realizarse respetando el derecho de la Unión y, llegado el caso, modificándolo pero no infringiéndolo".

   En este sentido, la Comisión propuso sacar adelante otras medidas de austeridad para reducir el gasto administrativo distintas al sueldo de los eurofuncionarios, que van desde la reducción del personal en todas las instituciones en un 5 por ciento hasta aumentar las horas de trabajo de 37,5 a 40 son compensación económica y retrasar la edad de jubilación a los 65 años (67 en algunos casos).

   Bruselas afirma que con estas medidas --que deben ser aún pactadas con Eurocámara y Consejo-- se ahorrarían 1.000 millones de euros en los siete próximos años y otros 1.000 millones de euros anuales a largo plazo.