Descontento y frustración en la Audiencia Nacional por el proceso de informatización

Es sólo una parte de una larga lista de incidencias, todas ellas achacables, según los denunciantes, a la "mala catalogación realizada" por parte de la empresa privada que lleva a cabo esta función. Los funcionarios tienen que dedicar un tiempo y esfuerzo extras en la consulta de los procedimientos, lo cual produce, según ellos, demoras e inseguridades, ya que los datos obrantes en la aplicación "no son ni mucho menos fiables".

Los funcionarios aseguran que la postura de todos los integrantes de la Oficina Judicial, tanto en los cuerpos de Auxilio, Tramitación, como de Gestión procesal, ha sido siempre "positiva" respecto a la introducción del Expediente Digital, pero que el proceso de digitalización de los procedimientos que se tramitan en estos Juzgados se ha efectuado "de forma improvisada", que los plazos anunciados en ningún caso se han cumplido y que han recibido constantes instrucciones contradictorias entre sí, lo que ha supuesto grandes dificultades para que los funcionarios pudieran tener el suficiente control sobre el envío y gestión de los procedimientos. En resumen, que el proceso ha generado "descontento y frustración".

El problema, es que según asegura la sección sindical de Comisiones Obreras en la Audiencia Nacional, el resultado de este 'desbarajuste' ha sido un mal volcado de los documentos digitalizados en la aplicación Gestor Documental, con resoluciones y documentos duplicados, mal descritos, procedimientos mezclados, alteraciones en el orden cronológico de los acontecimientos, desaparición de expedientes completos... y una larga lista de incidencias, que originan que "los datos obrantes en la aplicación no son ni mucho menos fiables".

Mayores retrasos en los asuntos turnados

Como males que aquejan ahora mismo a los Juzgados Centrales citan que la entrada de asuntos turnados y de escritos remitidos al Juzgado desde el Servicio Común de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo (SCRRDA) se produce con muchísimo retraso (incluso de meses), sin orden cronológico alguno, con muchísimos errores y con numerosos problemas, "lo cual genera una inseguridad inaceptable".

Además, las aplicaciones informáticas para la tramitación del Expediente Digital "no funcionan correctamente", radicando aquí el problema, ya que la conexión entre los distintos programas es "sencillamente caótica". Como ejemplo, los funcionarios citan las siguientes disfunciones:

- Fallos y errores informáticos en el envío a firma de las resoluciones, lo que ocasiona retrasos de varios días en las firmas de las mismas y falta de control sobre lo enviado a firma y su estado.

- Fallos de sincronización entre las aplicaciones. La aplicación de Minerva y el Gestor Documental muestran informaciones contradictorias, con la consiguiente inseguridad, tanto procesal como jurídica.

- Imposibilidad de realizar notificaciones por Lexnet.

Mucha tecnología... para volver al papel

Según los funcionarios de la Audiencia Nacional, cualquier resolución de unas pocas páginas resulta imposible de notificar vía telemática, dando error por motivo del peso del archivo, lo cual obliga a emplear modos de notificación ya obsoletos (en papel). Pero, además, debido a errores en las conversiones entre los distintos tipos de archivo que manejan las aplicaciones, los documentos con los que trabajan quedarían dañados, echando por tierra todo el trabajo realizado.

Además, denuncian que la aplicación e-Fidelius "no genera confianza a la hora de grabar las vistas", llegando incluso en algún caso a tener que parar la sesión para comprobar su funcionamiento. Estos errores son los que, sumados a la lentitud de la apertura, vienen produciendo problemas en la adjudicación de las salas que corresponden a cada órgano.

Problemas con la empresa adjudicataria

Un punto importante en la denuncia tiene que ver con la actitud de la empresa adjudicataria. Desde CCOO se señala que la labor de algunos técnicos de la misma, que tenían que solucionar los problemas que surgieran en la implantación del Expediente Judicial Electrónico, "se ha venido limitando a tomar nota y/o dar en nuestro nombre al CAU las incidencias que vamos detectando". Pero que no representan ninguna ayuda.

Citan, por ejemplo, que muchas veces se preocupan más de observar y de obtener una concreta información para elaborar los informes diarios que se les exige, que de agilizar el funcionamiento de la Oficina Judicial. Igualmente, las incidencias que se dan al CAU tardan semanas en resolverse, y en muchas ocasiones, no se da respuesta alguna, lo que convierte la situación en la Audiencia Nacional de "caótica".

600 millones para modernizar la Justicia

En marzo de 2009, el anterior ministro de Justicia, Francisco Caamaño, propuso en el Congreso un "gran acuerdo social" para conseguir que la Justicia en España se sitúe en el siglo XXI y anunció que destinarían 600 millones de euros en tres años a un plan de informatización e infraestructura de equipamiento. La promesa se hizo en la primera comparecencia de Caamaño ante la Comisión de Justicia del Congreso.

La puesta en marcha de un plan de informatización e infraestructuras de equipamiento para la Justicia, para el que se han destinado ya 400 millones de euros -200 millones en 2010 y otros 200 en 2011-, pretendía lograr que todos los tribunales pudieran trabajar en red, conectados entre sí, y que fueran accesibles para los usuarios.

Pero dos años después de su puesta en práctica han arreciado las críticas contra el sistema, como las vertidas por el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense (Madrid), Andrés de la Oliva, para quien desde su blog ha criticado este plan, calificándolo de "ignorancia, mala fe y despilfarro" y como la "propaganda de una falsa panacea, arrinconamiento de los jueces y medio de control de la Justicia por el Ejecutivo".

Las quejas por el proceso que se vive concretamente en la Audiencia Nacional se le hicieron llegar al anterior director general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata, pero, según medios sindicales, no se avanzó nada en las reuniones que se tuvieron con él. El problema le ha caído ahora íntegro a su sucesor en el cargo, Joaquín Silguero, secretario general de Modernización del Ministerio de Justicia con Ruiz-Gallardón.