En eso, Urdangarín tiene razón

Ha causado cierto escándalo la decisión del juez que instruye el caso 'Palma Arena', el magistrado José Castro, de no grabar en soporte de vídeo digital la declaración de Iñaki Urdangarín. Y mayor escándalo aún ha provocado el hecho de que la portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, haya defendido la decisión del juez, alegando que "no todos los imputados son iguales ni están sometidos a la misma presión mediática". Para colmo, la petición de la Casa del Rey en el sentido de que el señor Urdangarín no vaya a declarar a pie, sin duda para evitar las cámaras de los fotógrafos y de la televisión, ha sido igualmente polémica. Y, sin embargo, yo pienso que tanto la decisión del juez Castro como las palabras de doña Gabriela Bravo y la petición de La Zarzuela son razonables: no se puede tratar peor a un imputado por el hecho de ser una figura pública. Y la llamada 'pena infamante', que otros bautizaron como 'de telediario' es una sanción que demasiado a menudo se aplica, al margen de cualquier precepto del Código Penal, a nuestros 'famosos'.

Que nadie vea en las líneas anteriores cualquier indicio de defensa del señor Urdangarín. O del señor Garzón, o de cualquier otro personaje que, por su culpa o la de otros, tenga la mala fortuna de acudir como imputado, procesado o incluso como testigo, a los tribunales. Respeto y creo que hay que hacer respetar la presunción de inocencia, como respeto y creo que hay que hacer respetar el castigo a quien se salta las leyes para su propia conveniencia; otra cosa es luego discrepar o no de las sentencias, que en ocasiones -como la tan controvertida del Tribunal Supremo sobre Garzón-pueden parecer más o menos discutibles.

A lo que me quiero referir es al escaso respeto que el procedimiento penal y las costumbres judiciales españoles mantienen por la imagen de quien ha de acudir a los juzgados. Resulta previsible que Urdangarín salga destrozado no tanto de su comparecencia ante el juez cuanto de su aparición en las pantallas de televisión, tratando de sortear a los micrófonos y a los informadores que, en cumplimiento de su misión, tratan de arrancarle unas palabras.

Puede, en efecto, que este sea el procedimiento habitual en muchas cortes penales del mundo, pero no por ello hay que dejar de resaltar la enorme injusticia que para la buena fama de una persona, de sus familiares y allegados, significa esa exposición pública. Y lo mismo cabe decir de ciertas -tantas-filtraciones de sumarios declarados, con razón o sin ella, secretos; o de algunos juicios paralelos, previos a cualquier instrucción judicial, que aparecen en medios de comunicación.

Hay, en suma, usos y costumbres que resultan aberrantes para un concepto verdaderamente democrático del garantismo y hasta para una definición estricta de los derechos humanos. Y no  puede ser peor, a la hora de afrontar un proceso, apellidarse Urdangarín, Camps, Garzón, Matas o Pantoja, pongamos por caso y sin ánimo de equiparar unas cosas con otras, que  ser un personaje anónimo, de esos que no nos interesan a los periodistas. Por eso, en esta ocasión, pienso que el yerno del Rey tiene razón, como la tendríamos usted o yo, o cualquier otro, en procurar un poco de privacidad en el angustioso trance por el que, como cualquiera que presuntamente haya cometido un delito, tiene que pasar.

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