El riesgo de la ingobernabilidad

La firmeza de Mariano Rajoy, en su calidad de Presidente del Gobierno, cuando defiende la reforma laboral frente a las protestas de distinto tipo, es una señal positiva de gobernabilidad... siempre que no se sobrepasen ciertos límites. Es decir, siempre y cuando el procesamiento de los problemas nacionales se mantenga en el plano de los fundamentos de la representación y la gestión institucional. Pero yo imagino que el Gobierno debe saber que, aunque este plano es el básico de la legitimidad democrática, no es el único. Además de los órganos de representación y gestión, existe el ejercicio de los derechos políticos directos, que generalmente se concretan en los de libre expresión, manifestación, huelga, etc.; los cuales, una vez llevados a la práctica, pueden converger o divergir del procesamiento institucional, incrementando o disminuyendo la gobernabilidad. Dicho en lenguaje llano, el legítimo mandato obtenido en las urnas y su gestión institucionalizada, pueden chocar con las protestas callejeras pacíficas (si son violentas se reducen a un problema de orden público) y si ese enfrentamiento se mantiene en el tiempo, eso puede conducir a la ingobernabilidad del país.

Pues bien, sin necesidad alguna de exagerar, todo indica que ese riesgo comienza a vislumbrarse allá en el horizonte. Un riesgo cuya lectura necesita hacerse con serenidad pero con suficiente profundidad. Por ejemplo, no hay que confundir el detonador con la carga propiamente dicha: la protesta contra la reforma laboral puede ser un detonador poderoso, pero la carga está referida a un malestar profundo y prolongado que existe en la sociedad española, por causas que no sólo son económicas, aunque éstas sean las principales. En otras palabras, hoy el detonador puede ser la reforma laboral pero luego también pueden ser las protestas estudiantiles y una docena de razones más en lo sucesivo. La cuestión de fondo es si el detonador resulta suficientemente poderoso como para inflamar el conjunto de la carga (malestar extenso y  prolongado) o, de igual forma, si la carga está tan maltratada que cualquier chispa puede provocar su explosión.

Con lo anterior no estoy queriendo decir que la protesta sobre la reforma laboral obligadamente va a provocar el conflicto generalizado. Creo que todavía se puede procesar aisladamente sin que produzca metástasis conflictiva. Pero descartar esa posibilidad sería cerrar los ojos a la realidad. Más aun, refugiarse en la legitimidad institucional ante el aparecimiento del riesgo de conflictividad extensa, suele ser un error enorme, por frecuente que sea.

Rajoy y su equipo (gubernamental y partidario) deben examinar la situación tanto desde el plano de la legitimidad institucional como desde el que guarda relación con la dinámica sociopolítica ciudadana. Porque lo que NO debería hacer es pasarse de firmeza (institucional) hasta que eso pueda verse como muestra de necedad y provocación (desde la calle). Como ya dijimos: el procesamiento institucional de los problemas es el que debe mandar y en realidad manda... hasta un cierto límite. Y es peligrosa la idea de que no importa lo que se manifieste en la calle, porque eso no va a afectar las decisiones de un Gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento. A medio y largo plazo eso no es tan así: cuando se prolonga el clima de protesta callejera acaban produciéndose dinámicas de desobediencia civil, fenómenos de anomía, etc. Es decir, el mantenimiento de un clima de agitación sociopolítica acaba deteriorando indefectiblemente la gobernabilidad.

El otro error de cálculo que puede cometer Rajoy y su Gobierno -también el PP- consiste en creer que el apoyo electoral tan claro que ha obtenido se traduce automáticamente en un blindaje respecto de la protesta social. Ese presupuesto es tendencialmente erróneo. Imaginemos que el PP tuviera el apoyo de los dos tercios del electorado; pues bien, incluso así sucede que el otro tercio tiene la característica de ser más activista y dispuesto a expresar su voz que los dos tercios de gran mayoría silenciosa. Y con un tercio del electorado en contra basta y sobra para llenar las calles prolongadamente.

Para completar el panorama, la debilidad interna del PSOE le impide realizar una crítica de las propuestas del Gobierno, sin dejarse arrastrar por la protesta callejera y disminuir su defensa del juego político institucional. Así que el PP debe ser consciente de que le quedan pocas opciones: o negocia (por ejemplo la reforma laboral) o mantiene el envite de la protesta callejera y con ello se incrementa la tensión social. Pero también debe saber que si elige esta última opción es obligado preguntarse por sus consecuencias a mediano y largo plazo. Porque ahí es donde comienza a parecer el riesgo de ingobernabilidad. Algo de lo que también debería ser consciente la oposición, para que dejara de jugar con fuego. ¿Por qué pareciera que las fuerzas políticas tienen la tendencia a olvidar que las condiciones generales que vive la sociedad española son de emergencia y alto riesgo? 


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