La primera confrontación fuerte y de calado se visualizará la semana que viene en el Congreso durante el debate sobre el decreto ley de la reforma laboral, que, tal y como están las cosas ahora, contará con el único respaldo de CiU y UPN y el rechazo prácticamente seguro del resto de los grupos de la oposición. Todos, sin embargo, votarán a favor de que el decreto se tramite como proyecto de ley con la vaga esperanza de que los populares admitan modificaciones al texto antes de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, como algunos grupos han 'amenazado'.
Los socialistas, de momento, se limitarán a presentar una enmienda a la totalidad en la que ya trabaja el equipo económico de Rubalcaba capitaneado por
Valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo. Como será rechazada, el siguiente paso será presentar enmiendas parciales al texto en los aspectos que creen inconstitucionales, como el contrato de un año en prácticas sin indemnización.El último cartucho será la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, una postura en la que coinciden con el grupo parlamentario de
Cayo Lara.
El PSOE prefiere ir 'por libre' Pero ni en eso hay unidad de acción entre el PSOE y la llamada 'izquierda plural' porque los socialistas, según confirmó la portavoz parlamentaria,
Soraya Rodríguez, no van a sumarse a ese recurso conjunto a cuya firma serán invitados. El PSOE ha decidido 'ir por libre' y presentará su propio recurso ante el Alto Tribunal si ve que durante la tramitación como proyecto de ley el Gobierno se niega a corregir algunos aspectos de la reforma.
La propuesta de hacer un frente común contra la reforma laboral ha sido adelantada por el diputado de ICV,
Joan Coscubiela, que acusa al Ejecutivo de
Rajoy de "utilizar de manera abusiva" la fórmula del decreto ley para gobernar convirtiendo al Parlamento "en simple notario". "En mes y medio, el Gobierno ha presentado 5 decretos ley y esto es algo que está fuera de toda lógica", lamenta Coscubiela.
El PNV se desmarcaClaro, que para que prospere la iniciativa conjunta la Izquierda Plural necesitaría al apoyo de 50 diputados o la firma de al menos dos grupos parlamentarios, con lo cual difícilmente saldrá adelante ya que tampoco el PNV está por la labor de sumarse a algo que ni ve "responsable" ni considera un gesto "solidario", según el portavoz vasco,
Josu Erkoreka, ya que piensa que cuando se quiere cerrar un acuerdo de este tipo "primero se negocia debajo de la mesa" y cuando está cerrado "se anuncia" y no antes. No obstante, el PNV no contempla al apoyo a la reforma aunque la posición definitiva la tomarán en función de las modificaciones que acepte el PP y que ellos consideran 'imprescindibles', como el respeto a las competencias autonómicas en políticas activas de empleo o a la normativa fiscal del País Vasco.
Apoyo seguro de CiUEn este contexto, de entrada, el PP sólo contaría con el apoyo de CiU, grupo con el que Rajoy parece haber logrado a un firme aliado parlamentario pese a sus discrepancias en materia fiscal en Cataluña. Bueno, y también con el voto favorable del único diputado de UPN,
Carlos Salvador, cuyo partido se coaligó de nuevo con el PP en Navarra en las pasadas elecciones generales con el compromiso de apoyar al Gobierno desde su escaño del Grupo Mixto.
Así las cosas, el debate sobre la reforma laboral se presenta bronco y certificará la distancia entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, sobre todo en vísperas de dos cruciales elecciones autonómicas, las andaluzas -último bastión que le queda al PSOE- y las asturianas, comunidad en donde podrían mejorar pero ven casi imposible gobernar si el PP y Foro Asturias llegan a un acuerdo. Una vez que se pase la cita del 25 de marzo las aguas podrían calmarse.
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