El Gobierno aprueba el plan de pago de los ayuntamientos a los proveedores

Según anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se tratará de un préstamo sindicado de hasta 35.000 millones de euros, a devolver en un plazo de diez años, con un periodo de carencia de dos años -no se pagará hasta esa fecha la parte correspondiente del capital- y a un interés que puede rondar el 5 %.

Según Sáenz de Santamaría, se trata de una importante medida de estímulo para la recuperación económica y el mantenimiento del empleo, ya que posibilitará el cobro por los proveedores que tienen facturas pendientes de pago con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas.

Con este mecanismo se pretende un triple objetivo, según el Gobierno: resolver el problema grave de impagos a proveedores; realizar una fuerte inyección de liquidez a la economía productiva, que supondrá un estímulo dinamizador de la actividad económica, en especial a las Pymes y autónomos, y resolver el problema de deudas de las Entidades Locales que impiden su normal funcionamiento.

Los pilares fundamentales sobre los que descansa la articulación de este mecanismo son los siguientes:

- Pago inmediato a proveedores.

- Refinanciación de la deuda a Entidades Locales en un plazo de diez años, con dos de carencia, para garantizar la viabilidad de la reestructuración. En el período de carencia solo deben pagarse los intereses

- Plan de ajuste para garantizar que las Entidades Locales acomodan sus ingresos y gastos a una senda sostenible

- El interés será el del Tesoro más 115 puntos básicos (podría situarse sobre el 5 %).

El importe al que se puede llegar con este mecanismo asciende a 20.000 millones de euros para las entidades locales. Una cifra similar podría alcanzarse para las Comunidades Autónomas.

El próximo miércoles se reunirá la Comisión Nacional de Administración Local, en la que se comunicará a las Entidades Locales la operativa de este mecanismo. Por su parte, el próximo martes se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se comunicará a las Comunidades Autónomas las características del mismo mecanismo, con las especificaciones que les puedan corresponder.