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Y a otros cuatro artífices de la masacre que cambió el mundo

EEUU quiere condenar con pena de muerte al 'cerebro' de los atentados del 11-S

EEUU quiere condenar con pena de muerte al 'cerebro' de los atentados del 11-S

miércoles 04 de abril de 2012, 18:45h
El presunto cerebro de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro sospechosos han sido imputados este miércoles en Estados Unidos por cargos de terrorismo y secuestro, entre otros, por los que podrían ser condenados a pena de muerte, según ha informado el Departamento de Defensa.
La Oficina de Comisiones Militares del Pentágono ha incluido a Jalid Sheij Mohamed, Walid Muhamad Salih Mubarak bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abdul Aziz Ali, y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi como "responsables de la planificación y ejecución de los ataques del 11 de septiembre de 2011 en Nueva York, Washington y Shanksville (Pensilvania). En total, murieron "2.976 personas".
  
Los cinco acusados serán juzgados en Guantánamo por un tribunal militar por varios cargos, incluidos terrorismo, secuestro de aviones, conspiración y asesinato "en violación de la ley de guerra". El Pentágono ha explicado que, conforme a la Ley sobre Comisiones Militares aprobada en 2009, los imputados cuentan con abogados especializados en casos susceptibles de concluir en pena capital.
  
Aunque el comunicado oficial no da fecha para el arranque del juicio, la decisión de llevar el caso ante un tribunal implica que deberán comparecer en un plazo de 30 días ante una corte castrense de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, según Reuters. Mohamed, paquistaní educado en Estados Unidos, fue detenido en Pakistán en 2003. Se le acusa de haber sido comandante de las operaciones de Al Qaeda en el extranjero y ha reconocido su participación en 31 ataques, entre ellos algunos que no se llevaron a la práctica.
  
La intención primera del presidente norteamericano, Barack Obama, era juzgar a Mohamed y a otros presuntos islamistas en un tribunal civil en suelo estadounidense. Sin embargo, la Administración dijo tener las manos "atadas" por el Congreso y, cediendo a la presión popular, acordó que fuesen juzgados por un tribunal militar.
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