Cristina Fernández, la Chávez del Sur de América

A este paso, América Latina va a terminar siendo un campo minado para las apuestas empresariales, ya sean españolas o de cualquier otro país que quiera invertir, legítimamente, respetando todo tipo de legislaciones locales. Nosotros tenemos algo claro: lo primero son los pueblos, las leyes y las libertades. Y cuando se habla de que una multinacional encuentra problemas por un gobierno de corte populista, parece que se le castiga por prácticas que atentan contra esos pueblos, casi en términos de explotación o colonialismo. Pero no, todo es falso. Las empresas que operan en América Latina no explotan a nadie, ni pisan ni delinquen. Respetan, como es lógico y exigible, las legislaciones de cada uno de esos países, negocian con los gobiernos nacionales su implementación y las inversiones, y después, se limitan a hacer uso de la libertad de empresa, que es una de las grandes libertades de las que puede gozar el ser humano en una sociedad democrática.

Lo que en estos últimos años hemos podido ver en la Venezuela de Hugo Chávez, por ejemplo con el Banco Santander, es un claro ejemplo de regímenes caprichosos, populistas y absolutistas en algún caso, con modos fascistas, se saltan o crean nuevas leyes a capricho del superlíder y su régimen. Ahora, Argentina es el problema. Llevan años también dando problemas a las empresas españolas, casi como con obsesiones de tipo personal. Y el acoso que ahora sufre Repsol allí a través de su filial YPF parece una acción populista más de Cristina Fernández y sus modos propios del Peronismo. La excusa es que YPF no está explotando suficientemente sus recursos y que Argentina tiene que importar petróleo del exterior, con las consecuentes pérdidas en los balances. Bien. Puede negociarse, pero lo que está claro es que si se cumplen las leyes, la libertad de empresa tiene que incluir poder operar con los criterios de rentabilidad que quiera esa empresa. Lo contrario, es ir contra de las libertades. Dicho de otra manera: gestos no democráticos.

- Argentina guarda silencio sobre la posible expropiación