Un ERE en la Corona

Acostumbrados como estamos a que la institución monárquica sea una excepción al régimen democrático general según el que cualquier cargo directa o indirectamente es elegido por el pueblo (soberano), dos cosas vienen a suavizar dicha anomalía no democrática:  de una parte, que era una forma de democracia el referéndum de la Constitución en el que España aceptó que la Jefatura del Estado recayera en Juan Carlos I "como heredero de la dinastía histórica", y, en consecuencia, en sus descendientes; y de otra, que la propia Constitución que ataba (y bien ataba) tal cuestión prevé la posibilidad de deshacernos del miembro de la institución que, ostentando el título de rey, se entendiese no apto para el cargo.

Inhabilitar. ¿Cabe pensar en la hipótesis de que el rey fuese inhabilitado en razón de la ira que ha teñido la opinión pública en los últimos tiempos? Dice el art. 59, 2 de la Constitución que  "si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad". Inhabilitación es el nombre que recibe la figura que, a modo de ERE, se cierne sobre la corona. ¿Por qué entonces piden la abdicación todos esos "valientes" que sólo ahora, en este tiempo descarado que inauguró aquella ya mítica portada de El jueves con los príncipes trabajando para aumentar la tasa de población en España, se atreven a clamar por devaneos, debilidades e irregularidades de conducta que todo el mundo conocía desde hace décadas y con los que una cohorte (y corte) de fariseos han estado haciendo ojos y oídos sordos durante años? ¿Por qué no piden a las Cortes, esa democracia que no es tal y en la que aparentan creer, que ejerzan su papel tutelar y lo inhabiliten? Simplemente, o no tienen arrestos, porque inhabilitar sí es un acto de autoridad responsable, o simplemente no y tampoco saben de las consecuencias de lo que se creen con derecho a pedir.

Inhabilitación, abdicación, renuncia... palabras que parecen sinónimas, pero que no lo son. Aquellos que piden la abdicación deben de saber que piden algo difícilmente articulable con los mimbres normativos de que disponemos en la actualidad. Quizá valga la pena recordar que sólo un artículo, el 57, dedica la Constitución a este ahora parece que tan importante tema. En él se trata de la abdicación y la renuncia de forma conjunta, aludiendo a una ley orgánica que no ha visto la luz y que debería explicarnos cómo conjugar un derecho personalísimo del reinante  (abdicación) o del que está en la línea sucesoria (renuncia)  con el papel de las Cortes en su aceptación, un papel esencial, dicho sea de paso, desde el punto de vista de la imagen exterior del Estado.

Porque la abdicación, el supuesto que cabalga en los discursos políticos y mediáticos que estos días se ha ganado a conciencia el anciano, enfermo y cada vez más desmotivado monarca español, supone la ruptura de un pacto: el existente entre quien accede a la  jefatura del Estado con privilegio de transmitirla y el sujeto de la soberanía popular; un pacto por el que ambos, rey y pueblo, se comprometían a cumplir su función. Abdicar es, etimológica y semánticamente, negar lo dicho. Donde dije honor, digo desvergüenza; donde dije respeto, digo insulto. Como la inhabilitación supone que donde dije "viva" digo "muera". Ha sido así desde la noche de los tiempos. De hecho la monarquía pasó de ser electiva a hereditaria cuando se comprendió, muy en el pasado, que  era mejor evitar las luchas criminales por hacerse con el poder. En los tiempos actuales, la abdicación, figura ya vivida en la monarquía española aunque no por circunstancias vergonzantes, supone la voluntaria transmisión del cargo al heredero, sin generar más heridas que las que políticamente se deriven de las causas que la hayan motivado.  Aunque es difícil que, para el caso concreto que nos ocupa, ello no tuviera también consecuencias en la economía, dada la maltrecha situación que el país atraviesa y la lluvia sobre mojado que significaría. En fin, que, parangonando la novela por enésima vez, se trataría de "La abdicación en los tiempos de la crisis". O, traducido al lenguaje de esos tecnócratas que planean sobre la democracia a un tris de descarnarla gracias a nuestra dejación de funciones, se está pensando en hacerle un ERE a la Corona.

* Montserrat Nebrera es profesora de Derecho Constitucional de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)