Catalunya ve insuficiente el copago farmacéutico y Andalucía considera que desmantela el sistema público

El conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, ha destacado este miércoles que estas medidas del gobierno del PP son "bienvenidas", pero insuficientes. Ruiz ha resumido el conseller, que ha puntualizado que las reformas a tomar exceden el ámbito del Ministerio y, pese a tratarse de decisiones duras y difíciles, son necesarias para asegurar el futuro del sistema.

Por otro lado, antes de decidir si Catalunya elimina el pago del euro por receta tiene que cuantificar el impacto de las medidas propuestas por Sanidad, aunque ha adelantado que "tal como contempla la ley de presupuestos de la Generalitat, ambas medidas pueden ser compatibles".

   En este sentido se ha manifestado el conseller, tras asistir a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, que ha reunido a los consejeros del ramo y que preside la ministra, Ana Mato, en una reunión en la que se han abordado las medidas de ajuste en el ámbito de la sanidad.

   Ruiz ha destacado que valorarán y analizarán las medidas propuestas para determinar la validez del euro por receta, y sobre todo para comprobar si estas medidas "no suponen un segundo esfuerzo sobreañadido a los ciudadanos de Catalunya con respecto a la financiación sanitaria".


Andalucía alerta del desmembramiento del sistema público

La consejera de Salud en funciones de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha lamentado este miércoles que la reforma prevista por el Gobierno para la sanidad española y que contempla, entre otras medidas, que los pensionistas contribuyan al coste de los medicamentos, es el inicio de un camino y la antesala del "desmantelamiento el Sistema Nacional de Salud". No obstante, ha confirmado que, pese a su postura en contra, Andalucía no protagonizará un acto de "rebeldía" porque se trata de un asunto de Legislación Básica y es al Estado a quien corresponde fijar qué colectivos contribuyen al pago de sus medicinas. La región tendrá que aplicarla si el Consejo de Ministros la aprueba.
   Con todo, ha lamentado este miércoles que la reforma prevista por el Gobierno para la sanidad española y que contempla, entre otras medidas, que los pensionistas contribuyan al coste de los medicamentos, es el inicio de un camino y la antesala del "desmantelamiento el Sistema Nacional de Salud". Al término del Consejo Interteritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que durante cinco horas ha reunido en Madrid a los consejeros autonómicos de sanidad y a la ministra Ana Mato, Montero ha defendido que el Gobierno central está usando "la coartada de atender a la eficiencia" del sistema mientras que procede al "desmantelamiento del sistema sanitario". Al respecto, ha añadido, además, que el sistema sanitario actual es "sostenible y eficiente".
Esa intención de desmantelamiento quedaría, según sus palabras, aún más clara si se observa cómo el Gobierno habla de "aseguramiento público" o de "asegurador público". "El lenguaje no es inocente", ha dicho la consejera, que ha puntualizado que el SNS "no es un asegurador público sino un sistema nacional de salud que se paga con la contribución de los ciudadanos y que permite la redistribución de renta en términos de salud al conjunto de los ciudadanos".

A su juicio, cuando permanentemente se usan esos términos se ahonda en un modelo que permita el doble aseguramiento, publico y privado, sobre el que los ciudadanos puedan elegir. "Vamos a la deriva de un cambio de modelo que nada tiene que ver" con el actual, ha previsto.

Además, la consejera ve muestras de esa destrucción del sistema en los términos en los que se habla de la cartera de servicios, con la diferenciación propuesta entre cartera de servicios básica, complementaria o accesoria. "No se les escape que todos los países que han incorporado el copago a las prestaciones sanitarias han empezado categorizando la cartera de servicios con distintos epígrafes", ha dicho Montero.

"Aparentemente no se perseguía nada con esos apellidos pero los que conocemos el modelo sanitario sabemos que siempre ha sido la antesala que, después, ha planteado el copago en las categorías accesoria y complementaria y una parte de contribución, en la de servicios básica", ha añadido.

Con respecto al gasto farmacéutico, Montero ha lamentado que se haya elegido un sistema que es "extraordinariamente injusto" porque en la práctica supone "una nueva bajada de las pensiones y nuevo impuesto a las rentas del trabajo" y ha afeado las "coartadas" que reflejan el amparo a un "modelo de beneficiencia" para atender a quienes no tienen recursos gravando a las rentas medias.

A la consejera andaluza también le llama la atención los tramos que se han planteado de acuerdo a las retribuciones que reciben los pensionistas y ha advertido de que las medidas tendrán unos costes "muy elevados" porque obligan, entre otras cosas, al cambio de la tarjeta sanitaria.

Así las cosas, como ya hubiera adelantado esta mañana, ha hecho una aproximación del impacto económico de las medidas -realizado, según su versión, sin documentación escrita, que no ha sido aportada por el Ministerio-- y ha dicho que el ahorro no llega a los 1.000 millones de euros, frente a los 7.000 previstos por el Gobierno.