"Con la confiscación de YPF, el Estado ha cometido un delito cuyas sanciones serán morales, diplomáticas y económicas", afirma el diario, antes de considerar que "si el Estado fuera un individuo, podría ser condenado por cometer una de las formas del delito de estafa, regida por el artículo 173 inc. 11 del Código Penal".
El diario indica que es "incorrecto hablar de expropiación" en el caso de YPF, pues el Estado argentino "no ha cumplido con ninguno de los requisitos que estipulan la Constitución Nacional, los tratados suscritos y las leyes".
"Sin embargo, el Estado no repara en que, al vender YPF, no hay nueva política, sino solo un cambio de propiedad que afecta al 30% de la producción que, a la luz de los resultados, desalienta la inversión en lugar de incentivarla", afirma.
"¿Cómo es moralmente un Estado que describe en su Código Penal el desbaratamiento de derechos como un delito mientras que desbarata él, impune, los derechos que entregó? ¿Es este un Estado confiable?", se pregunta 'La Nación'.
"No nos engañemos. Las acciones delictivas son tales, aunque su autor no sea punible. Las perciben no solamente las víctimas, sino quienes se benefician. Pues, para todos, el delito se ha cometido", añade.
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