Gallardón dinamita la 'paz' autonómica a cuenta de una tasa para sufragar la justicia gratuita de las rentas bajas

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión, el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Roberto Jiménez, ha asegurado que la puesta en marcha de esta medida "atenta de una manera frontal contra la tutela judicial efectiva" así como el principio de universalidad de la Justicia. Ha advertido también de que "perjudica a las clases medias", al considerar que éstas no podrán recurrir en segunda instancia penal.

   Jiménez ha reconocido que comparte la preocupación del Ministerio tanto por el coste de la justicia gratuita como por los fraudes que se producen en su utilización, en sintonía con el resto de las comunidades autónomas, según ha señalado. Sin embargo, a su juicio, "hay otros mecanismos, como la limitación de recursos o la utilización en mayor medida de la mediación". En definitiva, ha defendido "que la justicia sea gratuita para quien verdaderamente lo necesite".

No a reducir partidos judiciales

   Por otro lado, ha manifestado que el Gobierno navarro no está "en absoluto de acuerdo" con la agrupación de partidos judiciales planteada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A este respecto, ha dicho que en Navarra estos están "perfectamente distribuidos" y que la propuesta del CGPJ "distorsiona" la "realidad" de esa comunidad autónoma y "perjudica" la prestación de la Justicia.


   Sin embargo, ha expresado "absoluta sintonía" con los planes del Ministerio relativos a la "interoperabilidad" de los distintos sistemas informáticos con los que cuenta la Administración de Justicia, "una materia absolutamente fundamental para el conjunto de los ciudadanos". "Es preciso que hablemos un mismo idioma", ha aseverado.

   Por su parte, la consejera vasca de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, ha dicho que su Gobierno no está de acuerdo con el establecimiento de tasas, aunque ha añadido que está a la espera de recibir el documento para hacer una valoración. En este sentido, ha señalado que el caso de Euskadi es especialmente complejo por el Concierto, por el que el País Vasco devuelve al Estado el coste de la justicia gratuita.

   En lo que respecta a la propuesta del CGPJ, ha subrayado que ésta se plasma en un informe cuyo carácter es exclusivamente "informativo".

   En la misma línea que el consejero navarro, Mendia ha declarado que "es inaudito que a estas alturas del siglo XXI no se hable el mismo lenguaje en todas las administraciones de Justicia", en alusión a los diferentes sistemas informáticos.

   Asimismo, ha indicado que el ministro ha anunciado la creación de dos grupos de trabajo con las comunidades autónomas, uno relacionado con la nueva oficina judicial y otro con lo que Mendia ha descrito como "la reivindicación histórica de las autonomías sobre la gestión de los recursos humanos en Justicia". La consejera vasca ha ofrecido su comunidad como sede de ambos grupos de trabajo.

Cataluña podría recurrir las tasas

   Por su parte, la consejera de Justicia de Cataluña, Pilar Fernández Bozal, ha apuntado que la ley de tasas contiene aspectos "contradictorios". Así, ha dicho que en atención a lo explicado, a la espera del documento, desde Cataluña consideran que "las tasas no servirían para cubrir el coste del servicio".

   Preguntada por si Cataluña aplicará esta medida, ha indicado que lo hará porque "es una ley estatal", pero que si no les parece adecuada, está arbitrado el mecanismo del recurso.

   El consejero canario de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández, ha defendido expresamente la "conveniencia de que se proceda al traspaso a las CCAA de la gestión de los Recursos Humanos". Igualmente, ha señalado la necesidad de "repensar el papel de los secretarios judiciales".

   A propósito de las tasas, ha dicho que Canarias las ve "de forma positiva". "Las CCAA estamos afrontando un gasto muy elevado para hacer el pago a profesionales, abogados y procuradores, por la justicia gratuita. Por lo tanto, el que se establezca esa tasa y revierta en las CCAA nos parece conveniente y eficaz", ha explicado.

   Hernández se ha mostrado partidario de "revisar" los partidos judiciales, siempre y cuando se tengan en cuenta las singularidades del archipiélago canario. Además, ha considerado que las CCAA que tienen la competencia de Justicia tienen que tener un "papel destacado" en el proceso, así como el Ministerio.

   "Por lo tanto no daría tanta importancia al informe del CGPJ que ha suscitado una enorme reacción y preocupación en muchos ayuntamientos que piensan que sus partidos judiciales van a desaparecer de la noche a la mañana", ha agregado.

   Tras señalar que la reforma deberá ser aprobada por las Cortes Generales, ha confiado en que éstas "serán sensibles al planteamiento de la comunidad autónoma, una comunidad autónoma tan especial y tan singular como Canarias, que requiere unos partidos judicilaes distintos por esa singularidad".

   Hernández también se ha manifestado a favor de la "interoperabilidad", al tiempo que ha indicado que el sistema informático utilizado en Canarias, el Atlante, ya ha superado el test de compatibilidad.

   Por su parte, el consejero gallego de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda, ha manifestado su "satisfacción" por que "por fin se ponga encima de la mesa una propuesta real", en lo que respecta a las tasas vinculadas a la justicia gratuita, ya que dado al crecimiento de la misma "se hacía insoportable su sostenimiento por parte de las CCAA".

   Rueda ha considerado que la medida garantiza que "todo aquel que tenga derecho a justicia gratuita y la necesite la pueda seguir teniendo", y el cese de la obtención de ésta de manera fraudulenta por parte de los que sí pueden costearse un abogado.

   En cuanto a la reforma de los partidos judiciales, ha afirmado que "nadie discute que es necesario replantearse el sistema, pero eso no quiere decir en absoluto que haya que hacer supresiones porque sí".