Cerco al ladrillo: El Gobierno obligará a crear 'bancos malos' y dará créditos a los bancos para financiarse

Así, mientras que el decreto de febrero se centró en provisionar los activos del sector del ladrillo declarados problemáticos, en esta el foco se pone en el crédito teóricamente sano, para el que se exigen también fuertes provisiones. Las entidades que no puedan afrontar ese saneamiento podrán recibir dinero público al 10%. Es decir, endurece las provisiones, -como se conoce al importe con el que los bancos se protegen de las pérdidas-, de la banca e incluye apoyos estatales.

La banca española deberá destinar otros 30.000 millones de euros para provisionar créditos al sector inmobiliario y promotor sanos que aún no registran incidencias de pago, según informó el ministro de Economía, Luis de Guindos."Es imprescindible que las autoridades tomen medidas continuas para garantizar la solvencia y la ausencia total de dudas sobre las entidades, y eso ha hecho el Gobierno", recalcó el ministro.


Bancos malos

Además se obliga a que los bancos aporten antes de fin de año los inmuebles que se han quedado por el impago de créditos a sociedades anónimas y tras una tasación independiente. El Gobierno ha decidido también encargar a dos entidades independientes que valoren toda la cartera de los bancos, en respuesta a las dudas internacionales sobre las cuentas de la banca española, lo que pone aún más en duda la gestión del Banco de España y la consideración del Ejecutivo hacia sus instituciones.

"Sin absoluta certidumbre sobre la solvencia del sector bancario, la recuperación económica se hace mucho más difícil", ha explicado en rueda de prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos, porque a los bancos les cuesta financiarse y se corta el crédito a la economía. Guindos pretende la "ausencia total de dudas" sobre el sector. Para ello se ha aprobado esa tasación independiente y la nueva reforma financiera a través de un decreto ley. Como en la reforma de febrero, Guindos ha prometido que se producirá la "venta de viviendas a precios reducidos".


Cómo son los aumentos de provisiones

Economía ha decidido exigir a los bancos provisiones sobre el crédito promotor teóricamente sano o normal, que no es dudoso ni subestándar, conocido como crédito malo o moroso. La reforma de febrero afectó sobre todo a los activos tóxicos del ladrillo y solo parcialmente a la cartera que en teoría no era problemática. En su nueva norma, aunque inicialmente barajó una cobertura única para todo el crédito promotor, finalmente se ha decidido por exigir diferentes niveles de provisiones, dependiendo del activo que haya como garantía.

Así, se incrementa del 7% al 30% de media la cobertura de los créditos sanos, según ha anunciado Luis de Guindos, en lo que supone un saneamiento que el ministro ha cifrado en 28.000 o 30.000 millones de euros. En concreto, se obligará a la banca a provisionar el 52% de los 25.000 millones de préstamos destinados a financiar suelo y otro tanto del crédito sin garantía real (18.000 millones). También se exigirá una cobertura de un 29% para los 16.000 millones en promociones en curso y el 14% para aquellas terminadas, que alcanzan un importe de 61.000 millones. 

Las entidades tendrán que presentar ante el Banco de España sus planes para cumplir con las nuevas exigencias antes del 11 de junio, que se suman al saneamiento de 54.000 millones de euros en la cartera de crédito problemático, por lo que la limpieza total del sector ascenderá a unos 84.000 millones de euros. "El conjunto de las provisiones cubrirá un 45% de los activos ligados al sector promotor", sentenció el ministro.
   De Guindos aclaró que estas provisiones se deberán realizar a cargo de los beneficios de las entidades, por lo que asumió que saldrán de las "cuentas de pérdidas y ganancias". 


Ayudas en forma de créditos hasta 15.000 millones

Las entidades que tras este saneamiento presenten déficit de recursos propios o de capital se capitalizaran a través de inversores privados o, en su defecto, podrán solicitar al FROB la suscripción de bonos convertibles contingentes en acciones, los llamados 'cocos'. Además, el ministró elevó al próximo 30 de junio el plazo para presentar planes de integración. 

   "En el caso de acudir al FROB, no se trata de ningún tipo de ayuda o subvención pública", aseguró De Guindos, para después concretar que los intereses de estos bonos convertibles serán del 10%. "Más del doble de lo que paga el Tesoro por una deuda del mismo tipo (cinco años). Esto supone una red de seguridad para el contribuyente", añadió.

   Por ello, el ministro de Economía limitó a 15.000 millones de euros de dinero público el eventual coste del saneamiento financiero. En este sentido, indicó que en principio el eventual respaldo público al sector bancario no costará dinero a los contribuyentes, porque lo que se hace es poner a disposición de las entidades unos recursos que deben ser reembolsados y que llevan aparejada una remuneración para el Estado
El ministro de Economía ha afirmado que la reforma "no tendrán efectos para los contribuyentes", ya que las entidades deberán pagar un 10% de interés por el apoyo estatal que se realizará y que el Gobierno prevé que sea inferior a 15.000 millones de euros, "menos de lo que inyectó el anterior Gobierno en la primera ronda del FROB".

"Esto no cuesta a los contribuyentes españoles, lo que hay es una disponibilidad de recursos que se pagan a un interés mucho mayor que lo que paga el Estado español y que deberán ser reembolsados", ha insistido De Guindos.

Este respaldo se articulará a través de bonos contingentes convertibles, vulgarmente conocidos como 'cocos'. Los 'ccos' se convierten en acciones si se dan determinadas circunstancias de deterioro del capital de la entidad emisora y mientras tanto son un pasivo más del banco que debe pagar tipos de mercado por ellos.

Por su parte, la vicepresidenta explicó que la nueva reforma, al obligar a la banca a aumentar sus saneamientos, permitirá "recuperar" la concesión fluida de créditos y facilitar "la venta de viviendas a precios razonables".


Caída en la bolsa

Las medidas han tenido un efecto negativo en los mercados, donde inversores y analistas han visto con preocupación dos datos. uno, que la obligación de anticipar reservas por créditos solventes anticipa más morosidad e impagos, es decir una peor situación económica y más estrangulamiento del crédito. El segundo problema que vislumbran los inversores es el del mantenimiento de la desconfianza hacia España, ya que el Gobierno ha optado por acatar la sugerencia de Bruselas para nombrar valoradores independientes de las carteras de los bancos. La medida es un claro desafío al Banco de España, responsable de estas funciones.

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