Reforma financiera 2.0: bien, pero...

En febrero de este año, el actual gobierno aprobaba la primera reforma financiera. El ejecutivo exigía a la banca unas provisiones  y colchones de capital adicionales de 54.000 millones de euros y daba de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para cumplirlo. No ha hecho falta llegar a esta fecha para ver su insuficiencia.  Ayer, en poco más de tres meses desde la primera reforma, el gobierno ha aprobado una segunda reforma financiera. El desencadenante, Bankia.
 
Ahora, curándose en salud, los deberes impuestos a los bancos serán más difíciles, con la esperanza de que, con mayor esfuerzo y sacrificio, finalmente la calificación de nuestro sistema financiero no sea sólo un aprobado, sino que se pueda de verdad afirmar que - utilizando palabras pronunciadas en octubre de 2008 por el actual gobernador del Banco de España - "nuestro sector está en una buena posición".
 
La reforma de febrero afectaba fundamentalmente a los activos tóxicos y parcialmente a la cartera que, en teoría, no era problemática. Ahora, con esta segunda reforma, las nuevas exigencias se centran en esta última, en el crédito sano, en aquel para el que se había exigido a la banca un nivel de provisiones del 7% y que ahora pasa a ser del 30% de media, lo que traducido en euros implica un incremento del orden de 30.000 millones de euros en el nivel de provisiones existentes de todo el sistema. En definitiva, los bancos tendrán que cubrir de forma contundente su cartera de activos, los malos y los buenos.
 
No todos estarán en disposición de poder hacerlo sin ayuda, es decir, sin entrar en pérdidas.  Aquellos que necesiten capital podrán acudir al mercado (difícil) o al FROB que les socorrerá a través de bonos contingentes convertibles con un coste del 10% y a un plazo de cinco años.
 
Pero hay una prueba más para intentar subir la nota final de nuestro sistema financiero. Todas las entidades antes de fin de año deberán sacar de su balance todos los activos inmobiliarios problemáticos y transferirlos a Sociedades de Gestión de Activos (SGA), con la obligación de vender anualmente el 5% de dichos activos o en tres años si han recibido ayuda pública. Para ganar esa confianza y credibilidad que hemos perdido y que tanto necesitamos, la valoración de toda la cartera de activos de los bancos, tanto de los sanos como los que serán transferidos a una SGA, no la harán los propios bancos, ni el Banco de España (que es quien debería) sino que serán encargadas a dos expertos independientes. Confiemos en que todo ello sirva para que nuestro sistema financiero vuelva a ganar credibilidad y espacio en los mercados donde se financiaba, y para que las ayudas que ahora se les ofrece sirvan, esta vez si, para que los bancos cumplan el papel de financiadores de la recuperación económica.  En definitiva, confiemos en que no haya una tercera reforma. Creo que podemos.
 
Acabemos con lo menos bueno. Las provisiones adicionales, significan desde ya, menos crédito. A corto plazo, más dolor.


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