La SIP denuncia el acoso y violencia contra periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció  la persistencia de la violencia física y psicológica y el acoso gubernamental contra los periodistas como situaciones que limitan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En Bolivia, Ecuador y Venezuela estaría en riesgo esta libertad.

La SIP aprobó este martes,en la clausura de su 63 Asamblea General , los informes sobre el estado de la libertad de prensa en el continente, donde los periodistas se enfrentan todavía a graves obstáculos que les inducen a ejercer la autocensura.
El informe de la SIP destaca que hay más peligros, a la ya peligrosa situación, por el efecto que tendrán las reformas constitucionales en Bolivia, Ecuador y Venezuela que afectarían directamente a las libertades y derechos individuales.
Las obstrucciones a la libertad de prensa en Venezuela se ven reflejadas en las dificultades de la propia SIP para celebrar su reunión semianual en marzo en Caracas, Maracaibo o isla de Margarita al no encontrar hoteles que acojan a los asistentes.
"Nos enfrentamos a una situación complicada, pero vamos a hacer todo lo posible para que se den las condiciones mínimas que permitan celebrar esa reunión en Venezuela", dijo a Efe Gonzalo Marroquín, director del diario Prensa Libre y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
Marroquín indicó que la SIP pretende enviar a Venezuela una comisión especial para analizar los casos de obstrucción al ejercicio de la libertad de prensa.
En el acto de clausura de hoy se destacó que la próxima Asamblea General de la SIP se celebrará en Madrid, la segunda ocasión que se reunirá en España. La anterior fue también en Madrid en 1992.
El presidente de la Agencia EFE, Alex Grijelmo, como patrocinador de la reunión junto con el diario El País, dio la bienvenida a los integrantes de la SIP para participar el año próximo en la que será la 64 Asamblea General.
En el informe de conclusiones sobre la libertad de prensa se destaca que en el último semestre se ha contabilizado la muerte de nueve periodistas y tres voceadores de diarios, además del secuestro de dos reporteros el pasado mes de mayo sin que todavía hayan sido encontrados.
La presión contra los periodistas ha obligado a muchos medios a dejar de cubrir hechos relacionados con bandas criminales, la corrupción gubernamental y dos periódicos en México se vieron obligados a cerrar por la falta de seguridad para sus empleados.
El informe final de la SIP subraya que los mayores atropellos contra la libertad de prensa continúan en Venezuela con el cierre el 27 de mayo del canal de Radio Caracas Televisión y la confiscación de sus 48 estaciones repetidoras y equipos de transmisión.
Todo ello ha sido utilizado por el gobierno del presidente Hugo Chávez para la creación de un nuevo canal estatal de televisión.
Sobre Cuba, el informe de la SIP indica que la situación sigue siendo alarmante y después de 48 años de dictadura no hay "visos hacia una transición democrática".
En Cuba permanecen encarcelados 27 periodistas independientes, varios de los cuales están gravemente enfermos y a otros se les impide la salida del país a pesar de tener visados otorgados por estados vecinos.
La SIP criticó también que los gobiernos de Argentina, Aruba, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela siguen valiéndose de la publicidad oficial como mecanismo de presión hacia los medios de comunicación.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de Argentina en un fallo emblemático prohibió discriminar a los medios, suprimir o reducir en forma arbitraria la asignación de publicidad oficial.
Gonzalo Marroquín explicó que "a pesar de que en algunos países se percibe un respeto por la libertad de prensa, no hay desgraciadamente avances sustanciales en la región".
"En estos momentos es muy preocupante la situación en Venezuela, Bolivia o Ecuador por el peligro de que las reformas constitucionales limiten claramente la libertad de prensa", señaló Marroquín.
Como dato positivo, la SIP subrayó que en México se ha logrado la despenalización de los delitos de calumnia e injuria, con lo que se convierte en el segundo país que lo hace después de El Salvador.
También la SIP alabó la creciente tendencia en la región de promulgar legislaciones en pro del acceso a la información pública.