Hoy se aprueba la primera Ley 2.0: la Ley de Transparencia llega con incorporaciones ciudadanas

Después de que el Gobierno anunciase la medida, el texto original fue sometido durante quince días a un trámite de consulta pública durante el que se produjeron casi 80.000 visitas a la página web correspondiente, una participación que se ha traducido en más de 3.600 aportaciones.

Esta norma persigue, según ha explicado el Ejecutivo, dos objetivos fundamentales: el acceso a la documentación referida al conjunto de las Administraciones Públicas de forma libre por todos los ciudadanos, y la creación del llamado Código de Buen Gobierno e Infracciones.

Este código conlleva una serie de principios éticos y de actuación establecidos en la Ley que deben presidir la labor de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de todas las administraciones.

Como principal novedad, prevé una serie de infracciones derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de conflicto de intereses, de las obligaciones en fondos públicos y del régimen disciplinario que debe ser aplicable a los altos cargos.

Sólo la Casa Real, y los asuntos que se consideren de especial sensibilidad por afectar a la seguridad nacional, las relaciones exteriores o las cuestiones relacionadas con la protección de datos quedarán exentos de las peticiones de información ciudadana.

Fuentes del Ejecutivo han explicado a Efe que previsiblemente también se estudie el informe preliminar sobre el patrimonio inmobiliario del Estado, con el propósito de hacer un diagnóstico de la situación actual y promover medidas para reducir el gasto en arrendamientos o a través de la venta de inmuebles y solares.

El estudio fue presentado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la constitución de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP) la pasada semana.

Las principales datos que se desprenden reflejan que el Estado posee 53.662 bienes registrados, de los que 67 por ciento son rústicos, un 26 por ciento edificaciones y un 7 por ciento solares.

Entre las líneas de actuación de este documento destacan la negociación a la baja de los alquileres o la reubicación de efectivos en edificios propiedad del Estado, así como la venta y puesta en valor de bienes rústicos y urbanos para reducir los costes asociados a bienes inactivos.