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Aún queda por cubrir una vacante y proceder a tres renovaciones

El Constitucional se planta: o lo renuevan o dimiten magistrados

El Constitucional se planta: o lo renuevan o dimiten magistrados

martes 22 de mayo de 2012, 17:33h
Hartos ya de estar hartos, los once magistrados del Tribunal Constitucional han adoptado por unanimidad una drástica decisión: o se renuevan las plazas que ya han cumplido su periodo y se cubre la vacante existente o el Pleno "adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación". Medidas que pueden llegar a dimisiones en bloque.
El Pleno del Tribunal Constitucional, en su reunión de este martes y por unanimidad, ha acordado la redacción de la siguiente nota de prensa:

"La Constitución establece un Tribunal Constitucional compuesto por doce Magistrados, pero desde hace más de cuatro años son sólo once, porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de cubrir la vacante producida por el fallecimiento de don Roberto García-Calvo. Asimismo, la Constitución impone un mandato de nueve años para dichos Magistrados, pero tres de ellos llevan ya más de diez años y medio ejerciendo como tales, porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de renovar el tercio que le corresponde.

"Ante tan reiterados y duraderos incumplimientos, el Pleno del Tribunal Constitucional ve necesario recordar el respeto que se debe a la Constitución, advirtiendo que, de prolongarse tales incumplimientos, adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación".

Ultimátum a los partidos políticos

A mediados de marzo, el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, pidió a los dirigentes políticos "no demorar más" la renovación de los cuatro magistrados del citado órgano que tiene pendiente de resolver el Congreso de los Diputados desde 2010. Los magistrados Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera llevan ya 16 meses con su mandato caducado. Además, un cuarto juez, Roberto García Calvo, falleció en mayo de 2008 y su plaza no ha sido sustituida. Todos ellos fueron designados por el Congreso y es la Cámara Baja quien debe realizar su relevo.

Sin embargo, al necesitarse mayoría absoluta reforzada para aprobarse los nombramientos, es imprescindible el acuerdo de los dos grandes partidos, PP y PSOE. Pero según qué formación esté en el Gobierno, la otra formación lo paraliza. Así, fue el PP durante el Gobierno socialista el que paralizó la renovación; ahora que el PP está en el poder es el PSOE el que lo paraliza. Eso sí, cada partido acusa al otro de torpedear los nombramientos, y en esas estamos todavía.

En una reunión que mantuvieron en La Moncloa el pasado 15 de febrero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acordaron darse de plazo hasta el final de este periodo de sesiones, que acaba en junio, para ponerse de acuerdo, sobre las renovaciones pendientes en las instituciones del Estado. Pero tal y cómo van las cosas, parece que pasará el verano y seguiremos sin renovación en el Alto Tribunal.

Dimisiones, y esta vez se aceptarán... o no

Ése es el sentido de la nota emitida este martes por el Pleno del Constitucional y por unanimidad de sus actuales once magistrados. Entre las "medidas drásticas" que se pueden adoptar está la dimisión de varios magistrados para impedir que haya quórum y así paralizar el Tribunal, o bien de todos los magistrados en bloque, lo que sería aún más radical.

Una solución parecida ya fue adoptada en junio de 2011 -entonces se sentaba en La Moncloa Rodríguez Zapatero-, cuando dimitieron el vicepresidente, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera. Los tres magistrados -cuyo mandato finalizó en noviembre de 2010- habían presentado su renuncia como protesta por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación. Sin embargo, el presidente, Pascual Sala, la rechazó.

En esta ocasión, en embargo, cuando se sienta en La Moncloa Mariano Rajoy, es previsible que ocurra algo similar, sólo que la dimisión puede ser aceptada por el presidente. Esta acción bloquearía, sin duda, el Alto Tribunal.

 
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