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Un portavoz del Ministerio Fiscal asegura que sólo se limitó a escuchar propuestas

Torres Dulce niega que haya prometido a las víctimas de ETA catalogar sus crímenes como de lesa humanidad

Torres Dulce niega que haya prometido a las víctimas de ETA catalogar sus crímenes como de lesa humanidad

martes 22 de mayo de 2012, 17:38h
La Fiscalía General del Estado niega haber adquirido ningún compromiso con la víctima de ETA Ramona Garrido en el curso del encuentro que ambos han mantenido en la sede del Ministerio Público para aplicar a las acciones de ETA la figura de crímenes contra la humanidad, lo que posibilitaría que no pudieran declararse prescritos.
Un portavoz del Ministerio Fiscal ha hecho esta precisión tras divulgarse, al término del encuentro, que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, su hubiera comprometido con Garrido y con el experto en derecho internacional Ángel Rodríguez.

   Según han señalado estas fuentes la reunión se ha producido y el fiscal general se ha limitado a escuchar las peticiones de sus interlocutores, si bien no se ha adquirido compromiso alguno al respecto.

   Se trata de una petición que le ha formulado durante una reunión celebrada esta mañana en la sede del Ministerio Público la víctima de ETA Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, asesinado por la banda en 1981 en un crimen que precisamente fue declarado prescrito en 2009.

   Según ha informado el abogado de Garrido, el fiscal general del Estado ha calificado como "novedosa" la argumentación expuesta, si bien ha admitido que se trata de una cuestión de complejidad que hay que estudiar. Por ello, según esta parte, Torres-Dulce se habría comprometido a abrir las citadas diligencias informativas sobre la cuestión y al término de las mismas le comunicará a Garrido la postura de la Fiscalía.

   Esta víctima de ETA está representada por el experto en derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez, quien ha facilitado a Torres-Dulce un estudio jurídico sobre los crímenes de la banda en el que se sostiene su carácter de lesa humanidad en el contexto de una persecución.

   Le han recordado al fiscal general que España firmó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en 1979 el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambos textos establecen la obligación de aplicar el Estatuto de Londres de la Corte Penal Internacional de Nüremberg de 1945 a los crímenes contra la humanidad. "España firmó ambos textos sin formular reserva u oposición ninguna", le ha explicado Rodríguez, quien además se ha comprometido a facilitar a la Fiscalía más información sobre esta materia.

   Garrido ha defendido en la reunión que su marido fue asesinado por ETA cuatro años después de la firma de esos tratados internacionales y posteriormente la banda mató a otras 792 víctimas además de las miles de personas aún a falta de investigar sobre las que los terroristas han desarrollado crímenes de persecución. "No puede ser que el crimen contra Latiegui sea considerado prescrito cuando se comete cuatro años después de que España firmase un tratado que define estos crímenes como imprescriptibles", defienden.  

   A su salida del encuentro, han destacado la "humanidad" de Torres-Dulce y el "trato cercano" prestado en la reunión. Además mañana serán recibidos por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, con quien abordarán esta cuestión. "Creemos que estamos ante un presunto genocidio intentado", ha apostillado Rodríguez, quien no obstante considera que la figura procesal aplicable sería asesinato selectivo y persecución de lesa humanidad.

El 'compromiso' de la Fiscalía
La víctima de ETA Ramona Garrido se ha reafirmado en que Eduardo Torres-Dulce se ha comprometido con ella a abrir diligencias informativas previas sobre su petición de aplicar a las acciones de ETA la figura de crímenes contra la humanidad por lo que no podrían ser declarados prescritos. 

Tras la divulgación de esta información, un portavoz del Ministerio Público ha negado que Torres-Dulce haya adquirido ningún compromiso con esta víctima de ETA, viuda del empresario José María Latiegui, asesinado por la banda en 1981 en un crimen que precisamente fue declarado prescrito en 2009. 
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