Un día después del
ultimátum dado por el Pleno del Tribunal Constitucional al presidente
Mariano
Rajoy y al líder socialista
Alfredo Pérez Rubalcaba, el presidente del Alto
Tribunal,
Pascual Sala, ha dado un singular varapalo político a todos los partidos, en especial
a los mayoritarios, recordándoles que es 'inaceptable' que por su pugnas
partidistas mantengan en situación de bloqueo a esta institución.
En su carta de
presentación de la Memoria de este órgano relativa a 2011, Pascual Sala recuerda
a los partidos políticos -en especial al PP y al PSOE, sin el concurso de los
cuales es imposible renovar el Tribunal- que "cuando en junio de 2011 me
vi obligado a no aceptar las renuncias presentadas por los Magistrados Gay
Montalvo, Delgado Barrio y Pérez Vera lo hice ante la necesidad de garantizar
la continuidad y estabilidad del Tribunal, cuyo Pleno exige la presencia de dos
tercios de sus Magistrados".
Ahora bien, Pascual Sala
advierte que "esa decisión la adopté 'sin perjuicio de hacer nuevamente
presente, en este caso al Congreso de los Diputados, la necesidad de
observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente
establecidos'. Y es notorio que la situación actual no puede mantenerse
indefinidamente".
Algunos interpretan en esta frase que podría producirse
una nueva dimisión de los tres magistrados citados, y que en este caso el
presidente Pascual Sala la aceptará, con lo que el Constitucional quedaría de
hecho bloqueado.
En su carta, Sala se
queja amargamente: "Por desgracia", escribe el presidente, "la
renovación del Tribunal no está completa. Sigue pendiente la elección de los
Magistrados nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, cuyo mandato
expiró en noviembre de 2010; así como la vacante dejada por el triste
fallecimiento del Magistrado don Roberto García Calvo en mayo de 2008".
Y sibilinamente alude a
que ya es hora de que se acabe con partidismos, personalismos y elementos espurios:
"Debemos confiar en que, una vez culminadas las citas electorales que han
tenido lugar en el año 2011, el Congreso cumplirá sin más demora su deber
constitucional y propondrá al Rey el nombramiento de los cuatro juristas de
reconocida competencia que le corresponde elegir. El artículo 159 de la
Constitución dispone que el Tribunal debe ser renovado por tercios cada tres
años. Cumplir con puntualidad este mandato es garantía de legitimidad de las
instituciones, tanto la de este Tribunal como la de los restantes órganos
constitucionales llamados a seleccionar a los juristas que deben desempeñar
durante nueve años la delicada responsabilidad de interpretar nuestra Ley
suprema para hacer guardar sus preceptos".
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