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Bankiarrota nacional

martes 29 de mayo de 2012, 21:56h
Todavía nadie nos ha explicado cómo es posible que una entidad financiera dé 300 millones de beneficio cuando en realidad hubo más de 3.000 millones de euros en pérdidas.

Todos los mecanismos de control se han mostrado un mero cuento frente a la situación de Bankia, seguramente porque no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. No puede ser que las mismas personas que se benefician (directa o indirectamente) de falsear cuentas sean las encargadas de acotar los distintos niveles de falsedad. Estoy hablando de entidades financieras que financian partidos políticos (o sus proyectos), y de partidos políticos de los que salen los directivos de esas entidades financieras y organismos encargados de regular a las mismas. Es un 69 de Camasutra,  al que ni banca ni política parecen resistirse.

Escuchar al presidente del gobierno que lo importante no es pedir responsabilidades por la estafa consumada en una entidad financiera, que arrastra (digan lo que digan) al país entero hacia un posible rescate, es cuanto menos, doloroso.

Tal vez el problema sea que las dos cajas máximas autoras del agujero (Caja Madrid y Bancaja) son las que estaban regentadas en su mayoría por miembros del mismo partido que ahora nos gobierna. Es decir, por compañeros y excompañeros del señor presidente.

En los últimos meses hemos visto presentarse  hasta once y doce unidades de antidisturbios para consumar un desahucio en favor de tal o cual entidad financiera y dejar a familias enteras en la calle, sin embargo, ni un solo policía se ha movido para detener a los responsables de un agujero de 24.000 millones de euros (no sabemos si más). Responsables que además cobraron sólo el año pasado, entre 2.400.000 € (el presidente) y 1.630.000 € (los consejeros delegados) por ejecutar semejante desfalco.

A todas luces, parece más peligroso no poder hacer frente al pago de la hipoteca que hundir al país en la bancarrota.

La gente de la PAH (Plataforma de afectados por la hipoteca) proponía un sistema que impidiera el abuso, pero permitiera dar ese dinero público no al rescate de las entidades, sino de las familias que estaban en situación de desalojo, de manera que estas pudieran devolver la hipoteca, y el banco no tuviera una ejecución hipotecaria más.

Sin embargo, la realidad (y ahí están los hechos) es que a nadie del gobierno le importa lo más mínimo la ley hipotecaria, o los desahucios, igual que tampoco parecen importar las responsabilidades (seguramente porque ellos mismos son responsables en última instancia) de fabricar un agujero que acerca peligrosamente al país entero hacia el abismo de la quiebra.

Lo que sí les preocupa es el rescate de una entidad financiera de la que maman millón tras millón de euros los distintos directivos  y consejeros delegados muchas veces puestos a dedo por el partido de turno, y en este punto sorprende que las directivas que sustituyen a las anteriores sean las mismas que llevan décadas ejerciendo el poder en distintas entidades del sector financiero demostrando su incapacidad para prevenir las distintas crisis, y que continúa cobrando además, cifras que escapan al control del común de los mortales.

¿Siguen siendo los mileuristas, jubilados, o inmigrantes sin papeles los que han estado viviendo por encima de sus posibilidades?  

¿Por qué tenemos los ciudadanos que apretarnos el cinturón cuando ni hemos cobrado las cantidades que ha cobrado el consejo de administración de Bankia, ni somos responsables de las decisiones que ha tomado el mismo?

¿Por qué no se inhabilita profesionalmente a esas personas o se les exige responsabilidad?  ¿Dónde está la justicia? ¿Debemos presuponer que hay trato de favor hacia estas personas por pertenecer al mismo partido político (la mayoría) que el actual ministro de justicia? ¿O es que simplemente las leyes amparan a quienes conducen un país entero hacia la bancarrota?
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