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Técnica del Golpe de Estado

domingo 01 de julio de 2012, 12:21h
Curzio Malaparte, en el periodo de entreguerras del siglo pasado y en pleno ascenso de los totalitarismos en Europa, escribió un ensayo en el que hizo balance de los golpes de Estado que se habían producido entre el 18 de Brumario de Napoleón y la Marcha sobre Roma de Mussolini. Basándose en el análisis de los diferentes golpes llegaba a concluir que bastaba la acción concertada de un reducido número de agentes, en comparación tanto con la plantilla de empleados públicos como con el pueblo en general, -proponiendo incluso una cifra: "mil técnicos"- para diseñar y ejecutar el proceso de sustitución forzada en el poder.

Más inquietantes, y con la corrección oportuna de tiempo y lugar aplicable a la destitución del presidente del Paraguay por el Senado la pasada semana, son algunas de las deducciones del diplomático italiano en su teoría sobre el golpe de Estado. Para conducir con éxito el golpe es preciso bloquear las capacidades de respuesta institucional del Estado y sobre todo conseguir la neutralidad de la mayoría de la población con argumentos, reales o inventados, que les lleven a apoyar el cambio o al menos a no ser beligerantes con la nueva situación política. El fin justifica todos los medios que sea preciso utilizar con preferencia de los pacíficos.  

Superada ya en Iberoamérica la época de los golpes militares de extrema violencia, la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, así como la de Manuel Zelaya en Honduras hace tres años, parece remitir a nuevas técnicas de golpe de Estado en el que la vía militar se sustituye por la "legal", con la indudable ventaja de conseguir el mismo fin de forma mucho menos traumática y con la apariencia de ser procedente al estar contemplada en la Ley. El poder militar pasa así de agente del proceso (junta militar gobernante) a garante del nuevo estatus (cúpula militar sostenedora del nuevo grupo dominante). En Honduras el Ejército se constituyó en árbitro de la situación y ahora en el Paraguay el presidente de facto ha nombrado nuevos jefes militares que no se opongan al relevo en el ejecutivo. En ambos casos el argumento central ha sido un "juicio político" sobre la actuación presidencial que implicaría una grave violación de la constitución.

La vía del enjuiciamiento político con finalidad de destitución fulminante -sustituyendo los representantes políticos la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos- constituye un razonamiento sumamente peligroso para la salud democrática del subcontinente pues ya se comprende que cualquier grupo poderoso puede maniobrar, como todo indica que ha ocurrido en el caso Lugo, para aplicar estas cláusulas legales que dejan sin efecto los procesos democráticos. La destitución forzada del presidente Lugo se produce apenas un año antes de las elecciones generales ordinarias y todo apunta a que es un intento de apartar al ex obispo de una posible relección privándole de los medios estatales.

La apuesta que representaba Fernando Lugo en el Paraguay era arriesgada al poner fin a más de sesenta años de hegemonía del régimen oficialista que encarnaba el Partido Colorado. El conflicto social latente en el país por la distribución de la riqueza, agravado a raíz de la aparición de fenómenos de revuelta organizada, como la del llamado "Ejército del Pueblo Paraguayo", ha polarizado a la opinión pública, colocando en contra a las clases acomodadas por la convergencia de sus intereses políticos y económicos. El amplísimo apoyo en el Senado a la sustitución extraordinaria del presidente así lo pone de manifiesto.

El rechazo en la región a esta maniobra antidemocrática es unánime consiguiendo colocar en el mismo bando a países habitualmente enfrentados en la política exterior como Colombia y Venezuela. La medida adoptada, cuya legalidad formal no implica legitimidad alguna, coloca en una difícil situación interna y externa a la República del Paraguay.
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