También
equiparará las condiciones en situación de incapacidad temporal a las
del resto de trabajadores y facilitará la movilidad de los empleados
públicos.
En la misma línea, se reducirá un 30% el número de concejales
"por tramos de población, según la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General" de los más de 8.000 ayuntamientos del país, como medida dentro
de un paquete de reforma de la administración pública que busca mayor
"austeridad" y "eficiencia".
También se "homogeneizarán y publicarán" las retribuciones de los
cargos municipales --alcaldes y concejales-- en función de unos baremos
que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado y que atenderán a
las características de cada municipio. Asimismo, se mejorará el control
de las cuentas públicas en el ámbito local con el "fortalecimiento" de
la "imparcialidad" del Interventor Municipal y de los funcionarios con
habilitación de carácter nacional.