Un total de ocho comunidades tendrán que presentar esta semana medidas
que constaten su capacidad para cumplir con el objetivo de déficit de
este año (1,5%) si quieren evitar que el Ministerio de Hacienda eleve
las advertencias al Consejo de Ministros del próximo viernes y se inicie
así el procedimiento incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
que puede acabar en intervención.
El Gobierno emitió una advertencia informal a estas regiones en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la semana pasada y les
concedió siete días para que refuercen sus medidas y las presenten en
reuniones bilaterales con el Departamento de Hacienda.
Si en ese plazo no consiguen llegar a un acuerdo, las advertencias
se formalizarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes y se
empezará a aplicar la Ley para evitar las desviaciones en el déficit.
Si se aprueban las advertencias, el Gobierno tendrá que convocar
de nuevo este mismo mes el CPFF para presentárselas a las comunidades
autónomas, que dispondrán, según la Ley, de un mes para adoptar las
medidas necesarias y comunicárselas a Hacienda.
Y si cumplido este plazo las comunidades no han presentado medidas
adicionales o el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro las
considera insuficientes, el Gobierno podrá empezar a imponer las
sanciones previstas en la Ley.
Así, las comunidades sancionadas deberán constituir un depósito
con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB. Dicho
depósito será cancelado cuando se pongan en marcha las medidas que
Hacienda considera necesarias.
Si transcurridos tres meses los ajustes no se han aplicado, el
depósito no devengará intereses y a los seis meses se convertirá en
multa. Una vez que hayan pasado un total de nueve meses y no se hayan
puesto en marcha las medidas, el Gobierno podrá intervenir la comunidad
autónoma.
¿Cómo sería la intervención?La intervención consistirá en el envío bajo la dirección del
Ministerio de Hacienda de una delegación de expertos para valorar la
situación económico-presupuestaria de la administración afectada.
La delegación enviada podrá solicitar información o antecedentes
de las partidas de gastos e ingresos y la comunidad autónoma en cuestión
estará obligada facilitar cualquier dato. La delegación deberá
presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas
en una semana.
No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la
comunidad tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en la
Ley de Estabilidad hasta que las medidas exigidas hayan sido
implementadas.
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