La Valenciana es "por ahora", "de momento", la única comunidad que ha pedido acogerse al fondo de liquidez autonómico aprobado recientemente por el Gobierno central, al que pedirá 3.500 millones de euros, según anunciaba este lunes su consejero de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch.
De esa cifra, la Generalitat valenciana destinará 1.500 millones de euros para cobertura del déficit y otros 2.000 para cubrir vencimientos de deuda hasta que finalice el año.
Dicha petición de liquidez, ha asegurado el presidente Alberto Fabra, no exigirá nuevos ajustes, porque el compromiso es "no exceder" el objetivo de déficit al que están obligadas todas las comunidades autónomas este año: el 1,5 % del PIB.
Ahora bien, la cantidad final que llegará a sus arcas dependerá de las peticiones que Madrid reciba de otras comunidades, y "del reparto" que haga el Gobierno de los 18.000 millones de euros con los que está dotado el fondo, 6.000 de los cuales son un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado.
El viernes día 13, veinticuatro horas después de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, advirtiera a varias comunidades, en una tensa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que dudaba de que cumplieran con la meta de déficit, el Consejo de Ministros aprobaba la creación del Fondo de Liquidez Autonómico, ante las dificultades que muchas encuentran en los mercados para financiarse.
Castilla-La Mancha: "No" al rescate "por ahora"
"No nos hemos planteado nada por ahora", declaraba de forma escueta la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, al ser preguntada sobre la posibilidad de pedir ayuda al Estado.
Castilla-La Mancha está en la lista de comunidades -diez, según el presidente extremeño, José Antonio Monago- a las que Montoro advirtió que, de seguir así, no cumplirán con el 1,5 % de déficit que se les exige este año, y a las que Hacienda ha sometido la semana pasada a un "chequeo" exhaustivo de sus cuentas y del cumplimiento de los ajustes comprometidos.
En la lista están, además de Extremadura y Castilla-León, Cataluña y Murcia. También Aragón, según ha sabido EFE en fuentes de Hacienda.
El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha reiterado, con rotundidad, que no pedirá la ayuda de liquidez al Estado, porque "hoy no lo necesita". "Nosotros -añadía- seguimos nuestra hoja de ruta y hoy por hoy cumplimos con los criterios y requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda".
"De momento" tampoco lo necesita Cantabria, comunidad que hasta ahora, según su presidente, Ignacio Diego, ha ido recibiendo el "visto bueno" de Hacienda cada vez que se le ha requerido información.
Después de la polémica suscitada ayer por unas declaraciones del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, al diario regional "La Opinión", en las que aseguraba estar "deseando" pedir al fondo "200 o 300 millones de euros", posteriormente desmentidas por su Ejecutivo, el PP murciano negaba "rotundamente", y decía que es "absolutamente falso", que el Gobierno tenga intención de adherirse "en breve plazo" al fondo.
Desde Canarias, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aconsejaba a todas las comunidades que vean que van a tener problemas de liquidez en los próximos meses que acudan "cuanto antes" al fondo. Soria no conoce ninguna "que esté pidiendo el rescate ni que lo haya pedido".
El PP ha eludido, por boca de su vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, hablar de "rescate" y ha asegurado que el objetivo que persigue el Gobierno, con las medidas aprobadas en relación con las comunidades autónomas, es construir "un modelo autonómico viable y sostenible".
Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, está de acuerdo con revisar algunas cuestiones del Estado autonómico, si bien se opondrá a un modelo que fortalezca a las diputaciones, que a su juicio es ineficaz y contrario a una práctica de la "democracia sana".
Rubalcaba se pronunciaba así tras reunirse con el secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha pedido una reunión de presidentes autonómicos en la que se dialogue sobre si hay que "reconsiderar algunas cuestiones" que, a su juicio, no funcionan, y "corregirlas".
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