Según el juez, la intervención no se justifica por evitar la continuación delictiva puesto que la actual administración de Bankia "es completamente distinta a la que se encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación", así como que Bankia es, de facto, una entidad intervenida por el Estado a través de una entidad de derecho público como es el FROB.
La Fiscalía Anticorrupción se opuso el pasado miércoles a la petición y advirtió que esta medida "temeraria" pondría en riesgo a la economía nacional. El Ministerio Público defendió, además, que ninguno de los dos querellantes gozaba de legitimidad para pedir una medida de este tipo.
La medida había sido solicitada por UPyD y 15-M que defendían que la sustitución de los actuales gestores del banco evitaría nuevos riesgos para los accionistas, acreedores y trabajadores y la continuación del perjuicio para los afectados. Ponían también de manifiesto que la intervención eliminaría el peligro de destrucción de pruebas.
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