Becerril quiere 'transparencia y buen gobierno'

La nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha llegado con bríos a la institución; al menos, a juzgar por lo que dice que va a ser su agenda prioritaria e inmediata de actuación. Además de presionar para un Estatuto de las víctimas del terrorismo, Becerril se ha impuesto una agenda que intentará luchar contra el despilfarro de dinero público. Ahí es nada.

Becerril se va a apoyar en el recién aprobado proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en el que, por cierto, se han recogido las recomendaciones de la Institución en esta materia, pero Becerril ya ha anunciado que aportará nuevas 'recomendaciones' para que sean tenidas en cuenta a lo largo de la tramitación parlamentaria de la Ley.

La Defensora del Pueblo va a poner el punto de mira en que los proyectos que se acometan cuenten desde sus inicios con una dotación presupuestaria que luego no sea suficiente para poder finalizarlos; pero también en que antes de iniciar estos proyectos se evalúe su verdadera necesidad. Por ejemplo, a la hora de construir un polideportivo habrá que estudiar si hay otro cercano y si no sería más barato invertir en transporte para los usuarios de este polideportivo que levantar uno nuevo.

Y como la austeridad debe empezar por uno mismo, Becerril dice que quiere una Institución más austera, para lo que los sueldos registrarán un recorte del 7,14 % en los términos que establezcan las Cortes Generales. Además, tampoco se cubrirán las plazas por jubilaciones y se suprimirá el área de protocolo. También se recortará el número de coches oficiales, de seis a tres, se reducirán los viajes y participación en foros, conferencias y encuentros y se eliminarán las dietas.