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Aguirre dice que el problema de la Cañada Real es "heredado"

viernes 19 de octubre de 2007, 13:33h
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este viernes que los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana son un "problema heredado" por su Gobierno con el que éste "no tiene nada que ver", una postura que defendió también públicamente la consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño.
Un día después de los incidentes ocurridos en esta zona durante el desalojo y posterior derribo de varias chabolas, Aguirre acudió precisamente a Rivas-Vaciamadrid, cuyo alcalde, José Masa (IU), al igual que su homólogo de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se ha dirigido recientemente a la presidenta autonómica solicitándole la creación de una comisión permanente que aborde de forma integral y coordinada este asunto e implique tanto al Ejecutivo autonómico como a las localidades afectadas y a la Delegación del Gobierno en Madrid.

De hecho, durante la entrega de llaves de 400 viviendas del Plan Joven construidas en esta localidad, Masa aprovechó la presencia de Aguirre esta mañana para urgirle a "tomarse en serio" los problemas de disciplina urbanística y orden público que genera la existencia de este poblado chabolista, importante foco además de droga y delincuencia.

Diferentes opiniones

Estas declaraciones contrastan con las del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que pidió públicamente a la Comunidad que coordinara un nuevo organismo para desmantelar las chabolas en la Cañada Real Galiana. Cuando todavía no se conocía la noticia de la batalla campaña en la zona por los desalojos de este jueves, el regidor dijo que hace falta una solución integral a este problema, en la que participen los municipios, el Gobierno regional y la Delegación de Gobierno.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde fue preguntado por el desalojo de varias chabolas en la Cañada Real, cuando todavía no se conocía que los hechos terminaron en batalla campal. Gallardón señaló que, en cualquier caso, "todos los desalojos que practicamos tienen autorización judicial, y es por lo tanto siempre en ejecución de una resolución judicial".

Ruiz-Gallardón reveló que hace un mes se reunió con el alcalde de Rivas, José Masa, y ambos enviaron una carta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para solicitarle la creación de "un organismo permanente, coordinado por la Comunidad de Madrid, en el que tiene que estar la Delegación del Gobierno y todos los ayuntamientos en cuyos términos municipales hay este tipo de viviendas ilegales".

Para el regidor, "este problema requiere una actuación completa, que aborde la titularidad del suelo, los problemas sociales, de escolarización, de orden público, y la solución definitiva que se de a Cañada Real". Todas estas soluciones se tienen que hacer "a través de una actuación conjunta de todas las Administraciones Públicas". En estos momentos, la Comunidad de Madrid todavía no ha dado una respuesta, "y es comprensible, porque se trata de un tema muy complejo, pero seguro que dirá que sí", concluyó.
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