Paralizada la demolición de siete chabolas en la Cañada Real

"Eso nos da tiempo para organizarnos, bien desde la vía legal o bien desde la social, para evitar que estas familias se queden en la calle", aseguró. Jorge explicó que, ante los sucesos ocurridos en la zona de la Cañada Real perteneciente al distrito de Vicálvaro, todos los colectivos y entidades vecinales están anunando esfuerzos para paralizar los desahucios de las infraviviendas, que van desde casas de ladrillo construidas hasta chabolas como las que este viernes se libraron de la amenaza del derribo. "La casuística es muy variada y la Cañada es muy grande, pero tenemos que aunar esfuerzos ante las Adminnistraciones para conseguir que nos den una solución", manifestó.

La decisión judicial se produce veinticuatro horas después de que las siete familias acudieran a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. A diferencia de quienes vieron derribadas su casas hace una semana o en la misma mañana del jueves, éstos habían logrado, gracias al apoyo de varios voluntarios de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada y de Cáritas, interponer un recurso que logró paralizar la orden hasta que el juez se pronunciara.

Los afectados son siete familias rumanas, compuestas por 18 adultos y 24 niños. Su abogada, Eva Navarrete, confirmó este viernes que había recibido el auto del juzgado, que prolonga la suspensión de la ejecución del derribo, inicialmente de tres días. Ahora, el Ayuntamiento debe traspasar el expediente del caso y las familias dispondrán de veinte días paraformalizar la demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid. Esto, aseguró Navarrete, les dará tiempo para "estudiar a fondo" el asunto y ver "todas las posibilidades políticas".

La abogada calcula que la vista del juicio puede retrasarse hasta finales de 2008 o principios de 2009. "Una vez tramitado el recurso, la sentencia decidirá si el acto de la Administración fue correcto y entonces procederá al desalojo y demolición, o si fue contrario a derecho y los vecinos se pueden quedar con sus casas. Entonces el Ayuntamiento volvería a empezar otra vez, es de suponer, pero haciendo las cosas correctamente", añadió Navarrete.

El Ayuntamiento, por su parte, dispone de 15 días hábiles para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión de la jueza. El argumento presentado por la letrada alegaba que, puesto que las chabolas son el domicilio de las familias, "su demolición supondría perjuicios de difícil o imposible reparación" para los afectados. Navarrete asegura que el TSJM ya emitió una sentencia con esa misma fundamentación jurídica, por lo que "es de esperar" que confirme la decisión de la jueza.